Migrantes nicaragüenses denuncian detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos en Durango
La transformación de México de país expulsor a territorio de tránsito y destino ha intensificado los desafíos para la población migrante centroamericana, particularmente para los ciudadanos nicaragüenses que enfrentan condiciones precarias y vulneraciones a sus derechos fundamentales durante su travesía hacia Estados Unidos.
En los últimos años, la región de Gómez Palacio, Durango, se ha convertido en un punto crítico donde se documentan casos alarmantes de detenciones que los propios migrantes califican como «ilegales». La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHDGO) ha intervenido en múltiples ocasiones para garantizar el respeto a la dignidad humana de quienes buscan mejores oportunidades de vida.
Uno de los casos más representativos ocurrió en septiembre de 2022, cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó un «rescate» de 29 personas migrantes, entre ellas 13 de nacionalidad nicaragüense. Los migrantes manifestaron sentirse «detenidos ilegalmente» y se negaron a recibir alimentos como forma de protesta, mientras solicitaban un salvoconducto para continuar su viaje hacia Ciudad Juárez con la esperanza de cruzar la frontera estadounidense.
La situación de Wilfredo N. ilustra la complejidad de estas vivencias. Este ciudadano nicaragüense fue detenido junto a 16 compatriotas en Gómez Palacio por autoridades de seguridad pública. Su esposa, Edna N., se comunicó con la CEDHDGO para alertar sobre la situación y denunciar las «violaciones a sus derechos humanos durante su detención». Wilfredo expresó su deseo de presentar una queja formal contra los elementos de seguridad que lo detuvieron, mientras la Comisión actuó de inmediato coordinando atención médica e informándole sobre el proceso de solicitud de refugio.
La respuesta institucional: entre la urgencia humanitaria y la coordinación
La Dra. Karla Alejandra Obregón Avelar, Presidenta de la CEDHDGO, ha sido enfática al señalar que «la migración no es un problema a resolver, sino una realidad que debe ser gestionada de manera humanitaria y justa». Su institución ha demostrado capacidad de respuesta inmediata, coordinando atención médica, alimentación y orientación sobre procesos de solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
La experiencia acumulada por organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha resultado en herramientas fundamentales como el Protocolo para la atención humanitaria de emergencia de 2019, así como diversas guías especializadas para servidores públicos. Esta coordinación interinstitucional ha sido clave para transformar las capacidades de respuesta y mejorar las condiciones de inclusión.
El fenómeno migratorio centroamericano, donde Nicaragua ocupa un lugar destacado, requiere lo que la Dra. Obregón Avelar define como «el esfuerzo y solidaridad de todas las instituciones y de la sociedad civil». La migración, como derecho humano fundamental, demanda respuestas basadas en la solidaridad, la justicia y la cooperación internacional, especialmente cuando las historias individuales revelan la urgente necesidad de proteger la dignidad de quienes buscan un futuro mejor lejos de sus países de origen.
