La atención a migrantes es un deber estatal, no una opción

*** El defensor de derechos humanos Jhoswel Martínez advirtió que Costa Rica debe fortalecer sus mecanismos de protección ante el aumento sostenido de solicitudes de refugio

La migración no es un accidente ni una anormalidad. Es una respuesta estructural a las violencias, desigualdades y crisis políticas que atraviesan la región centroamericana. Así lo planteó el bachiller Jhoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), durante su participación en el seminario «Movilidad humana y migración: cuerpos, fronteras, luchas y resistencias en el siglo XXI», organizado por la Maestría Centroamericana en Sociología.

Con siete años de experiencia en movilidad humana y acompañamiento a víctimas, Martínez presentó la ponencia «Atención y defensa de derechos humanos de migrantes como deber y derecho», en la que enfatizó que las personas migrantes y refugiadas son sujetos políticos, no solo víctimas por gestionar. «Los ejemplos de Nicaragua, Venezuela, Haití y el Triángulo Norte evidencian que las personas migrantes y refugiadas son sujetos políticos», afirmó.

El defensor, quien también funge como secretario técnico de la mesa de diálogo sobre migración y refugio en Costa Rica, señaló que a diciembre de 2024 existían 123 millones de personas desplazadas forzadas en el mundo, de las cuales más de 45 millones eran desplazados externos. Esta realidad global se refleja en el contexto costarricense, donde el aumento de solicitudes de refugio demanda nuevos enfoques en materia de protección.

«Hay una diferenciación entre lo que era la migración estándar y de protección internacional desde antes del 2018 y del 2018 para esta fecha», explicó Martínez, al señalar la necesidad de actualizar los sistemas de atención en el país.

El presidente de ASIDEHU fue enfático al recordar que los derechos humanos no distinguen entre nacionalidades. «¿Por qué al migrante no darle derechos, pero sí al turista, que también es una clase de la migración misma? Si al final siguen siendo igual personas, siguen siendo personas sujetos de derecho», cuestionó.

En su intervención, Martínez destacó que los estados tienen obligaciones derivadas del derecho internacional: la no discriminación, la garantía del acceso a derechos, el acceso a procedimientos y a la justicia, y la protección especial en casos de vulnerabilidad. «Cuando hablamos de obligaciones de defensa de derechos, hablamos de que no hay distinción, porque prima un principio fundamental llamado el principio de no discriminación», subrayó.

El defensor identificó deficiencias en el sistema costarricense, particularmente en la falta de información clara y accesible, y en procedimientos de refugio que no siempre son «eficientes, dignos y no revictimizantes». Aunque reconoció que Costa Rica está avanzada en la materia respecto a otros países de la región, advirtió que la realidad dista del deber ser.

Martínez también abordó la necesidad de brindar atención diferenciada a poblaciones específicas. Destacó el avance de Costa Rica al reconocer la violencia de género como criterio para la obtención de refugio, una práctica que no existe en ningún otro país centroamericano. «No se puede atender jamás a un niño igual que un adulto. Son condiciones totalmente distintas», ejemplificó al referirse a la atención de menores de edad.

El estudiante becado de licenciatura en derecho por la Universidad de San José resaltó también la importancia de atender a comunidades indígenas desde su cosmovisión, lenguajes y tradiciones, así como a personas de la comunidad LGTBQ+ y víctimas de violencia.

Martínez codirigió la elaboración de la guía de abordaje de la migración en la campaña electoral 2025, en la que participaron más de 60 organizaciones y que permitió la firma del acuerdo contra la xenofobia por parte de los partidos políticos. Su trabajo como facilitador y autor de informes para organismos de derechos humanos lo ha posicionado como una voz relevante en la discusión sobre migración en la región.

«El Estado debe crear las condiciones materiales y administrativas para garantizar» los derechos de las personas migrantes, concluyó Martínez, recordando que la defensa de los derechos humanos no es una opción sino una obligación legal y moral de los estados.