Crisis provoca emigración récord desde Nicaragua, superando los niveles de la Guerra Fría
Cuando el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, volvió al poder en 2007 después de 17 años en la oposición, sus primeros dos mandatos de cinco años registraron un sólido crecimiento económico y una disminución de la pobreza. Incluso el Banco Mundial, que ha criticado durante mucho tiempo las políticas izquierdistas de Ortega, elogió el desarrollo del país, destacando sus reformas orientadas al mercado y su sólida gestión macroeconómica. Pero el autoritarismo de Ortega creció, al tiempo que él y su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) abolieron los límites del mandato presidencial, tomaron medidas enérgicas contra la disidencia y, en 2017, elevaron a su esposa, Rosario Murillo, a la vicepresidencia. La erosión de la democracia y la violencia contra las personas manifestantes desataron lo que se ha convertido en la mayor emigración en la historia moderna del país, superando la de la era de la Guerra Fría.
Hasta 2020, más de 100,000 nicaragüenses habían huido del país, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Para 2022, ese número se duplicó aproximadamente, ya que Ortega tomó medidas enérgicas contra los políticos de la oposición y los disidentes políticos en el período previo y posterior a las elecciones de noviembre de 2021, consideradas como ampliamente manipuladas.
En su mayoría, las personas emigrantes se han dirigido a la vecina Costa Rica, un destino popular debido a su proximidad y estabilidad tanto económica como política. A veces conocida como la Suiza de América Central, Costa Rica ha atraído históricamente a inmigrantes nicaragüenses, por lo general trabajadores escasamente remunerados con poca educación. Pero a medida que este patrón migratorio se ha expandido en los últimos años, la demografía de estas personas ha cambiado; muchos solicitantes de refugio y otros nicaragüenses ahora en Costa Rica están mejor educados, entre ellos algunos activistas de la oposición. Mientras tanto, la afluencia ha abrumado el sistema de refugio de Costa Rica y, en ocasiones, provocado protestas de la población costarricense. A fines de 2022, el gobierno costarricense impuso nuevas restricciones para quienes solicitan refugio, porque, según el presidente Rodrigo Chaves, a menudo “abusaron” del sistema.
Un resultado parcial de esto ha sido que muchos han mirado hacia el norte, incluidos los Estados Unidos (EUA). La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EUA registró el encuentro de 165,000 migrantes nicaragüenses no autorizados en el año fiscal (AF) 2022, un aumento de 52 veces con respecto al año fiscal 2020. Las cifras aumentaron a un récord mensual de casi 35,500 en diciembre, antes de caer en enero cuando la administración de Biden promulgó nuevas restricciones que expulsan a los nicaragüenses que llegan sin autorización, mientras que permite que algunos con un patrocinador estadounidense ingresen al país en libertad condicional.
Este éxodo ha afectado gravemente a los países de las Américas, que cuentan con un gran número de migrantes nicaragüenses mientras buscan recuperarse de los impactos económicos y de otro tipo de la pandemia de COVID-19. Para Nicaragua, que tiene una población de menos de siete millones, la salida de tantas personas ha demostrado ser una grave fuga de cerebros, que priva al país no solo de líderes de la política, sino también del ambiente intelectual, artístico y académico. Su crisis política cada vez más profunda ha afectado todos los ámbitos de la vida, y aquellos con la capacidad de huir han sido de los más rápidos en irse.
Este artículo brinda una descripción general de la rápida emigración de Nicaragua desde mediados de 2018 y la ubica en un contexto histórico.
La crisis política de 2018
La crisis actual se remonta más directamente al 18 de abril de 2018, cuando el gobierno de Ortega recortó las pensiones mensuales de seguridad social para los ancianos en un 5 por ciento y aumentó los impuestos para empleados y empleadores. Las políticas, que recibieron el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, fueron muy impopulares en casa. Nicaragua se encuentra entre los países más pobres del hemisferio occidental; una disminución en la pensión de jubilación mensual y los aumentos de impuestos probablemente habrían empujado a muchas familias a una mayor pobreza.
En respuesta, las protestas se multiplicaron en todo el país. Nicaragüenses de todas las tendencias políticas salieron a las calles, dando origen al Movimiento del 19 de Abril. La respuesta del gobierno fue rápida: la disidencia fue enfrentada con violencia y las figuras de la oposición fueron encarceladas. Para agosto, más de 300 manifestantes habían muerto y miles habían resultado heridos. Las prisiones se llenaron de presos políticos. Aunque el gobierno derogó la ley, no logró sofocar a la oposición. Las huelgas y protestas nacionales aumentaron.
Ortega y su gobierno fueron condenados por 14 países latinoamericanos. Para muchos, Ortega ya no era un héroe revolucionario que había ayudado a derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle, sino un autócrata envejecido que abrazaba la violencia para asegurar torpemente su control del poder.
Esta dinámica se hizo evidente a medida que avanzaban las semanas y los meses. En la Marcha de las Flores, una de las protestas más grandes de 2018, los aliados de Ortega hirieron y mataron a varios manifestantes. En la literatura académica, estos grupos paramilitares a menudo se denominan especialistas violentos: individuos vagamente afiliados que operan fuera del ejército o de la policía formales y cometen actos de terror para apoyar a líderes y movimientos específicos.
Sin duda, el movimiento de oposición también llevó a cabo actos de violencia política. Las fuerzas antigubernamentales incendiaron Nueva Radio Ya, un medio de comunicación favorable a Ortega, al tiempo que atacaban oficinas universitarias y gubernamentales y hostigaban a los partidarios del presidente. Varios policías fueron secuestrados y asesinados. Dos simpatizantes de Ortega fueron quemados en las calles mientras los espectadores aplaudían. El área de la Universidad Centroamericana, que alguna vez fue un bullicioso centro urbano, parecía una zona de guerra.
Ese junio, un grupo que aglutina a movimientos de oposición, conocido como la Alianza Cívica Nicaragüense por la Justicia y la Democracia, organizó un paro nacional. Los manifestantes instalaron barricadas (tranques) alrededor de Managua, la capital de Nicaragua y la ciudad más poblada, cortando las salidas y entradas a la ciudad.
Los manifestantes incluso tomaron Masaya, un bastión sandinista al sureste de Managua. El apoyo de Ortega resultó vital para recuperar el principal recinto policial allí, después de que los manifestantes se atrincheraron durante más de dos semanas. Este éxito militar, liderado por el exguerrillero y experimentado táctico militar, el general Glauco Robelo, quien había demostrado ser parte integral de la ofensiva de 1979 contra Somoza, fue una gran victoria para el gobierno.
De qué lado está cada quién?
Aunque los partidarios de Ortega, como Robelo, son sandinistas -el movimiento de base amplia y el partido político que derrocó a Somoza-, la dinámica actual es más compleja que la de un gobierno sandinista versus una oposición antisandinista. Gran parte de la oposición proviene de disidentes sandinistas que han luchado contra el dominio de Ortega sobre el partido.
La legendaria guerrillera Dora María Téllez, por ejemplo, quien supervisó la exitosa Operación Chanchera que tomó el Congreso Nacional Somocista en 1978, se ha convertido en una pieza clave contra Ortega. Encarcelada por el gobierno en junio de 2021, fue declarada culpable de conspiración política en 2022. Otras figuras prominentes incluyen a Ana Margarita Vijil, abogada y activista de derechos humanos, y Lester Alemán, estudiante universitario que se hizo famoso por llamar a Ortega un “asesino”. Alemán fue condenado junto a Téllez en 2022.
Muchos opositores al gobierno menos conocidos y más jóvenes se identifican con el partido de Ortega incluso cuando se rebelan contra él. Un hombre entrevistado por el autor en Nicaragua en 2018 se identificó a sí mismo como “100 por ciento” sandinista, pero albergaba tal odio por el presidente que esperaba que alguien lo matara.
¿Qué está impulsando la migración?
Con un movimiento de oposición de base tan amplia, el país se tambaleaba al borde del colapso. Las empresas cerraron y el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó drásticamente. La pérdida de trabajo afectó a todos los rincones de Nicaragua, desde la clase trabajadora hasta la élite. Y aunque el gobierno insistió en que sus esfuerzos para combatir el virus COVID-19 han tenido éxito, analistas independientes lo acusaron de ocultar el verdadero número de víctimas de la enfermedad.
Una renovada represión del gobierno antes de las elecciones presidenciales de 2021 tuvo un impacto mucho mayor en el impulso de la emigración. La elección, que marcó el comienzo de la cuarta victoria consecutiva de Ortega (su quinta en general) y garantizó a su partido una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, fue denunciada como una farsa por la Unión Europea, Estados Unidos y otros gobiernos. Antes de la votación, los principales candidatos de la oposición fueron encarcelados.
En respuesta, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones contra Ortega y su círculo íntimo. Mientras tanto, las consecuencias económicas de la pandemia llevaron al país a su tercer año consecutivo de recesión en 2020, aunque la economía se recuperó posteriormente.
Un creciente número de solicitantes de refugio en Costa Rica
Siguiendo antiguos patrones de migración, la mayor parte de los nicaragüenses se han ido a la vecina Costa Rica, que está experimentando un nivel récord de migración humanitaria. Los nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica solo 67 veces en 2017, pero las cifras aumentaron drásticamente a 23,000 en 2018 y continuaron aumentando vertiginosamente. A junio de 2022, Costa Rica acogía a 205,000 solicitantes de refugio, el 89 por ciento de ellos de Nicaragua, además de 11,000 refugiados. A pesar de la modesta población de Costa Rica, el país recibió el cuarto mayor número de solicitudes de refugio a nivel mundial en 2021, solo detrás de Estados Unidos, Alemania y México, según ACNUR.
La afluencia ha puesto a prueba los sistemas de Costa Rica, lo que ha provocado largos retrasos en el procesamiento y ha dificultado que muchos solicitantes accedan al refugio formal. Algunos funcionarios costarricenses han sospechado que muchos nicaragüenses están buscando oportunidades económicas y no estarían realmente en riesgo de sufrir daños en su país de origen. En 2022, el gobierno de Chaves promulgó algunas restricciones a la famosa política de acogida del país, exigiendo que los nuevos solicitantes registren su caso dentro del mes de su llegada y se inscriban en el sistema de seguridad social, eliminando la promesa de un permiso de trabajo acelerado. Los migrantes de Nicaragua (junto con los cubanos y venezolanos) que ofrecieran abandonar su caso de refugio también se volvieron elegibles para permisos de trabajo temporales, lo que puede haber llevado a muchos a optar por no participar en el sistema de refugio.
Destino: Panamá y América del Norte
En parte como resultado de la situación cambiante en Costa Rica, otros países también han comenzado a atraer a los nicaragüenses. Muchos se han ido a Panamá o se han embarcado en un viaje a menudo peligroso hacia el norte, con la esperanza de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Esto ha puesto a los países de tránsito y de destino en una posición delicada, y a los nicaragüenses en una aún más precaria.
Tomemos como ejemplo a México, por donde los nicaragüenses han intentado en repetidas ocasiones transitar para llegar a los Estados Unidos, a veces en grandes caravanas. A diferencia de caravanas anteriores de migrantes en su mayoría hondureños durante la Semana Santa de 2017, en los últimos años se ha visto un número creciente de nicaragüenses moviéndose por el país.
Las llegadas no siempre son bien recibidas. Las autoridades mexicanas han buscado cada vez más desarticular grupos de migrantes, incluido el memorable ataque y gaseado a algunos a lo largo del río Suchiate en la frontera con Guatemala a principios de 2020. En general, los nicaragüenses suelen decir que enfrentan perjuicios en México.
Aún así, algunos nicaragüenses han decidido quedarse en México. En los primeros 11 meses de 2022, más de 8,700 nicaragüenses solicitaron asilo en México, un aumento de más de diez veces con respecto a los 800 que solicitaron protección en 2020. Desde 2013, alrededor del 65 por ciento de aquellos cuyos casos han sido resueltos recibieron el estatus de refugiado u otra forma de protección
Una nicaragüense en México es Alejandra González, experiodista del diario nicaragüense La Prensa, quien dijo sentirse cómoda en el país. Otro es José Adiak Montoy, un exitoso escritor nicaragüense, quien le dijo al autor que perdió su trabajo en un centro cultural en Managua y huyó a México.
Sin embargo, para muchos nicaragüenses que se dirigen al norte, el objetivo es Estados Unidos. Pero aquellos que tienen la suerte de aterrizar en el norte enfrentan nuevos desafíos.
Debido a las relaciones diplomáticas limitadas entre los Estados Unidos y Nicaragua, las autoridades estadounidenses rara vez expulsaban rápidamente a los nicaragüenses bajo la política del Título 42 de la era de la pandemia. Pero el aumento de llegadas ha llevado a un enfoque más restrictivo. A principios de 2023, la administración Biden anunció una política que le permite expulsar a México mensualmente hasta 30,000 nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos. La política se combinó con un nuevo sistema que permite que hasta 30,000 ciudadanos de estos cuatro países ingresen a los Estados Unidos con permiso humanitario, siempre que presenten su solicitud desde fuera de los Estados Unidos, tengan un patrocinador estadounidense y cumplan con otros requisitos.
En los últimos años, muchos solicitantes de asilo nicaragüenses han sido detenidos temporalmente en instalaciones de EUA y luego liberados en el país a la espera de los procedimientos judiciales de inmigración. Sin embargo, durante la administración de Trump y el período inicial de Biden, algunos fueron sujetos a los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés, conocidos informalmente como el programa Quédate en México), que permitieron a las autoridades estadounidenses enviar solicitantes de asilo y otros migrantes que llegaban irregularmente a México a esperar a que transcurra la duración de sus procedimientos.
La probabilidad de ser liberados en territorio estadounidense se ha descrito como un atractivo para los solicitantes de asilo, dado que los largos retrasos en los tribunales de inmigración significan que los migrantes pueden esperar años para que se resuelva su caso. En total, el 43 por ciento de los nicaragüenses que recibieron una decisión de asilo a través de los tribunales de inmigración en el año fiscal 2022 recibieron algún tipo de protección.
Resumen histórico: patrones de migración de la era de la Guerra Fría
El éxodo actual de Nicaragua se puede contextualizar en una historia más amplia de política autoritaria y migración desde principios del siglo XX, particularmente en medio de la intervención estadounidense en América Central que trajo conflicto, miseria y pobreza. En 1909, el presidente William Howard Taft envió buques de guerra a Nicaragua como muestra de apoyo al golpe de estado contra el dictador liberal José Santos Zelaya, quien se oponía a los intereses regionales de Estados Unidos. Posteriormente, Washington acumuló una presencia militar en el país hasta que la oposición de las fuerzas dirigidas por el nacionalista nicaragüense Augusto Sandino provocó la retirada de Estados Unidos. Poco después, el jefe de la Guardia Nacional de Nicaragua, apoyado por Estados Unidos, el general Anastasio Somoza García, ordenó el asesinato de Sandino y supervisó un golpe de estado para instalarse en el poder. La dinastía Somoza gobernó sin piedad el país durante las siguientes cuatro décadas.
A medida que crecía la resistencia contra la dictadura de los Somoza, también crecía la guerra y el sufrimiento. Cuando el hijo de Somoza, Anastasio Somoza Debayle, fue depuesto por los sandinistas en 1979, su expulsión estuvo acompañada de una ola de migración a los Estados Unidos y, en menor medida, a Costa Rica. Muchos de estos migrantes eran personas que habían estado asociadas con el gobierno de Somoza, incluida una élite económica y militar.
La segunda y la tercera ola de emigración comenzaron en 1982 y 1985, cuando el presidente Ronald Reagan aumentó el apoyo estadounidense a los rebeldes antisandinistas conocidos como los Contras. A medida que aumentaba la guerra y se profundizaba la crisis económica, muchos ciudadanos pobres y de clase media huyeron.
Aparte de estas olas, la emigración nicaragüense había sido relativamente limitada, al menos hasta 2018. Los nicaragüenses representaron solo el 7 por ciento de los inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos en 2019 y menos del 1 por ciento de todos los inmigrantes estadounidenses.
Comparación con el presente
La migración durante la época de la Guerra Fría fue significativa, pero la crisis actual la ha empequeñecido tanto en términos absolutos como relativos. Se estima que 46,000 migrantes nicaragüenses estaban en Costa Rica debido a la guerra en la década de 1980, lo que representaba alrededor del 1 por ciento de la población de Nicaragua de aquel entonces, de aproximadamente 4 millones. Mientras tanto, 169,000 nicaragüenses residían en Estados Unidos, según el censo estadounidense de 1990.
Hoy, los más de 192,000 solicitantes de refugio y refugiados nicaragüenses en Costa Rica representan casi el 3 por ciento de la población de Nicaragua de casi 7 millones y casi el 4 por ciento de la población de Costa Rica de 5.2 millones. Esos números no incluyen la cantidad considerable de nicaragüenses que viven en Costa Rica con otro estatus legal o que no están autorizados. Mientras tanto, 257,000 nicaragüenses vivían en los Estados Unidos a partir de 2021.
A diferencia del pasado, la emigración actual desde Nicaragua se ha producido de forma acelerada, en pocos años, y sigue creciendo.
Una mirada al futuro
Este febrero, el gobierno de Ortega envió a Estados Unidos a 222 ex-presos políticos, en una medida que un juez nicaragüense calificó de deportación masiva. Los disidentes, la mayoría de los cuales habían sido encarcelados en el infame centro de detención El Chipote, perdieron inmediatamente su ciudadanía nicaragüense. Entre ellos estaba Téllez, la venerada exguerrillera, quien se sorprendió al encontrarse en un avión rumbo al norte. La liberación se dio, dijo, porque Ortega no logró doblegar la voluntad de los presos. “Cada día que no me ahorqué”, dijo a los periodistas después de meses en régimen de aislamiento, “fue una victoria sobre Ortega”. El Departamento de Estado de EUA afirmó que no hubo negociación con el gobierno de Nicaragua antes de tiempo; los vuelos, aunque bienvenidos por los partidarios, fueron unilaterales. Muchas de estas personas se han encontrado en el área de Washington, DC, con poca certeza para el futuro.
Al final, el gobierno de Ortega ganó contra los manifestantes. Las barricadas levantadas durante los disturbios de 2018 ahora se han despejado, la disidencia se ha frenado en gran medida y Ortega y Murillo parecen estar listos para gobernar de por vida. En noviembre de 2022, el FSLN de Ortega tomó el control de los 153 municipios, completando efectivamente la tarea de transformar el país en un estado de partido único.
Para el nicaragüense promedio, la historia se repite. La emigración vista bajo la brutal dinastía de la familia Somoza ha vuelto otra vez con Ortega, el heroico guerrillero que ayudó a derrocar ese régimen y ha creado su propia dinastía familiar. En este marco, es poco probable que la emigración termine pronto.
Originalmente publicado en Migration Policy Institute: https://www.migrationpolicy.org/article/emigracion-desde-nicaragua
