Corte Penal Internacional puede usar el destierro para investigar crímenes en Nicaragua
** Guatemala es hacia donde han desterrado a cientos de nicaragüenses. Ese país al ser firmante del Estatuto de Roma abre la puerta para que la Corte Penal investigue crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Ortega-Murillo.
La posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue crímenes de lesa humanidad en Nicaragua encuentra sustento en un precedente histórico: el caso de la República Popular de Bangladesh contra la República de la Unión de Myanmar. Este caso, centrado en la persecución sistemática de los rohingyas, una minoría musulmana, destaca por su innovadora interpretación jurisdiccional que podría aplicarse al contexto nicaragüense.
Esa vía la expone el Noveno informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, presentado este 10 de diciembre de 2024 en Costa Rica.
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En Myanmar, los rohingyas han sufrido desde 2017 un éxodo masivo debido a ataques perpetrados por el Ejército, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y la quema de aldeas.
Más de 742,000 personas huyeron a Bangladesh, convirtiéndolo en un caso emblemático de deportación forzada.
Aunque Myanmar no es Estado parte del Estatuto de Roma, la CPI determinó que podía ejercer su jurisdicción debido a que los crímenes se materializaron parcialmente en territorio de Bangladesh, un Estado parte del Estatuto. Esto abre la posibilidad de investigar crímenes cometidos en territorios de Estados no parte si las consecuencias cruzan a un Estado parte.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha implementado una política sistemática de destierro y persecución. Destaca el caso de los 135 exiliados nicaragüenses enviados a Guatemala en 2023.
Guatemala, al ser Estado parte del Estatuto de Roma desde 2012, ofrece un marco para que la CPI ejerza jurisdicción sobre estos hechos. Estas personas fueron sometidas previamente a torturas, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas, obligándolas a aceptar el exilio como única opción para su supervivencia.
El caso de Myanmar también demuestra que la CPI puede considerar crímenes adicionales como parte del contexto de los delitos investigados.
En el caso nicaragüense, crímenes como tortura, violación y desapariciones forzadas podrían ser considerados en el análisis de deportación y persecución. Además, esta práctica del régimen de Ortega no se limita a Guatemala; también incluye destierros hacia España, Costa Rica, El Salvador y Alemania, todos ellos Estados parte del Estatuto de Roma.
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Un ejemplo claro de esta sistemática persecución es el destierro masivo de 222 presos políticos en febrero de 2023 hacia Estados Unidos. Aunque este país no ha ratificado el Estatuto de Roma, casos similares que involucraron a Guatemala y México, entre otros, podrían ser investigados.
La desnacionalización también juega un papel crucial, ya que coloca a las víctimas en una situación de apatridia, aumentando su vulnerabilidad y destacando la gravedad de los crímenes.
El impacto económico y social de estas políticas represivas también es evidente. La persecución y el exilio de miles de personas afectan directamente a las comunidades, destruyen redes sociales y generan una crisis humanitaria de largo plazo. Además, el uso de la tortura y detenciones arbitrarias como mecanismos de coacción subraya la naturaleza sistemática de las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen nicaragüense.
La posibilidad de que la CPI inicie una investigación preliminar sobre los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo representa una última esperanza de justicia para las víctimas, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
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Si bien Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma, la conexión con Estados parte como Guatemala permite abrir la puerta a investigaciones sobre deportación y persecución. Esto no solo ofrecería un camino hacia la rendición de cuentas, sino también un reconocimiento a las víctimas, quienes podrían encontrar en la CPI una posibilidad de reparación.
El precedente establecido en Myanmar refuerza la importancia de la CPI como un mecanismo global para abordar crímenes internacionales en contextos donde la justicia interna es inaccesible. En el caso de Nicaragua, este precedente podría ser clave para garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad enfrenten las consecuencias de sus actos, sentando un ejemplo para futuros casos de justicia internacional.
