Costa Rica lanza plan para descongestionar el sistema de refugio ante la migración inversa
Costa Rica anunció un ambicioso plan para agilizar los trámites de refugio y solicitudes de protección internacional, en respuesta al creciente flujo de migración inversa que atraviesa la región centroamericana. La medida llega en un momento crítico, cuando más de 14,000 migrantes han retornado desde México y Estados Unidos hacia el sur del continente en lo que va de 2025.
La Dirección General de Migración y Extranjería costarricense implementará nuevos lineamientos procedimentales diseñados para reducir los tiempos de espera que actualmente pueden extenderse varios meses, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad legal. El plan busca optimizar tanto los procesos físicos como digitales, estableciendo un sistema de recepción de solicitudes por etapas que permita una atención más eficiente y transparente.
«Estamos implementando una gestión ordenada que vele por la dignidad y seguridad humana», explicaron fuentes oficiales, señalando que las medidas se enmarcan en la legislación migratoria vigente pero con enfoques renovados para enfrentar los nuevos desafíos migratorios regionales.
El contexto que motiva estas reformas es complejo. Costa Rica se ha consolidado como un país de tránsito y destino para miles de personas que, tras enfrentar políticas migratorias cada vez más restrictivas en Estados Unidos, han optado por el retorno forzado hacia el sur. La inversión del flujo migratorio tradicional ha saturado los sistemas de atención en varios países centroamericanos, creando cuellos de botella administrativos que prolongan la incertidumbre de quienes buscan protección.
El plan costarricense incluye la automatización de procesos que históricamente requerían múltiples visitas presenciales, así como la implementación de plataformas digitales que permitan el seguimiento en línea del estado de las solicitudes. También contempla la creación de ventanillas especializadas para casos que requieren atención prioritaria, como menores no acompañados, mujeres gestantes y personas con discapacidad.
Respuesta a una crisis regional
La iniciativa costarricense no surge en el vacío. Forma parte de una respuesta regional más amplia ante lo que los expertos califican como un cambio sin precedentes en los patrones migratorios centroamericanos. Mientras el flujo hacia el norte se desplomó un 97% en comparación con 2024, el retorno forzado ha creado nuevos desafíos para los países de la región.
Costa Rica, que históricamente ha mantenido una política de acogida hacia solicitantes de refugio, enfrenta ahora la presión de procesar eficientemente un volumen creciente de solicitudes en un contexto de recursos limitados y cooperación internacional reducida. El país alberga a más de 200,000 personas en situación de refugio reconocido, principalmente de origen nicaragüense y venezolano.
Las reformas también buscan abordar las brechas identificadas por organismos internacionales. Según el reciente informe de las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia, el 42% de las personas migrantes en Costa Rica no denuncia hechos de violencia por desconfianza en las autoridades, mientras que la mayoría no recibe información adecuada sobre sus derechos y mecanismos de protección disponibles.
El plan incluye componentes de capacitación para funcionarios públicos y la creación de materiales informativos multilingües que expliquen los procedimientos y derechos de las personas solicitantes. También contempla la coordinación interinstitucional con organizaciones como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones para fortalecer la red de protección.
Sin embargo, los retos persisten. La suspensión de fondos de cooperación internacional ha limitado la capacidad de respuesta de muchos países centroamericanos, mientras que la presencia de redes de tráfico de migrantes complica el panorama. Costa Rica deberá equilibrar la agilización de procesos con la necesidad de mantener evaluaciones rigurosas que garanticen la seguridad tanto de los solicitantes como del país.
La medida se produce en un momento en que la región debate la necesidad de adoptar enfoques coordinados para la gestión migratoria. Los expertos recomiendan mecanismos permanentes de coordinación entre países centroamericanos que incluyan no solo a las instituciones gubernamentales, sino también a organismos internacionales, sociedad civil y a las propias personas en movilidad.
El éxito del plan costarricense podría servir como modelo para otros países de la región que enfrentan desafíos similares. La experiencia evidencia que las respuestas unilaterales resultan insuficientes ante un fenómeno que trasciende fronteras y requiere soluciones integrales basadas en la cooperación regional y el respeto a los derechos humanos.
Costa Rica reafirma así su compromiso histórico con la protección internacional, adaptándose a las nuevas realidades migratorias sin renunciar a los estándares de derechos humanos que han caracterizado su política exterior en esta materia.
