El éxodo silencioso: cuando los periodistas huyen para sobrevivir
En una época donde las redes sociales permiten que cualquier noticia recorra el mundo en segundos, existe una paradoja cruel: nunca antes tantos periodistas latinoamericanos se habían visto obligados a abandonar sus países para seguir ejerciendo su profesión. Lo que en las décadas de las dictaduras militares del siglo XX parecía un fenómeno del pasado, ha resurgido con fuerza en una región que creía haber dejado atrás los autoritarismos.
El reciente estudio «Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024», elaborado por el Programa Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, en colaboración con Fundamedios de Estados Unidos y la Cátedra UNESCO en Comunicación de la Universidad Diego Portales de Chile, revela una realidad alarmante: desde 2018, aproximadamente 913 periodistas se han visto forzados a cruzar fronteras internacionales para proteger sus vidas y las de sus familias.
Centroamérica emerge como una de las subregiones más afectadas por este fenómeno, con una estimación de 298 casos de desplazamiento forzado.
Nicaragua lidera el desplazamiento forzado de comunicadores en Centroamérica
«Nicaragua es uno de los tres países que más obligan a huir a los periodistas, con aproximadamente 268 casos estimados, siendo el segundo país con mayor número de personas forzadas a cruzar fronteras en la región», detalla el informe.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aparece como el principal expulsor de comunicadores en la región centroamericana. La investigación señala que «el hostigamiento contra la prensa se intensificó a partir de 2018, resultando en amenazas, acoso, detenciones arbitrarias y ataques físicos», una escalada represiva que ha convertido al ejercicio periodístico en una actividad de alto riesgo.
Pero Nicaragua no está sola en esta cartografía del miedo. Guatemala registra 19 casos de periodistas obligados al exilio, mientras que El Salvador suma 10 y Honduras 1. En el caso guatemalteco, el estudio revela que «la persecución de la prensa ha sido liderada por el Poder Judicial, que se considera cooptado por una red de intereses».
Costa Rica se ha convertido en el principal refugio para estos comunicadores en fuga. «La mayoría de los periodistas nicaragüenses se asientan en Costa Rica, explicado por la cercanía territorial y la existencia de redes de apoyo preexistentes debido a la migración histórica entre ambos países», explica la investigación. Desde San José, «operan los principales medios que cubren noticias de Nicaragua desde el exilio».
El patrón de desplazamiento es dramáticamente similar en toda la región: salidas abruptas, sin planificación, marcadas por la urgencia. «Los desplazamientos están marcados por la falta de planificación y seguridad, y están vinculados a las oleadas represivas o delictivas de los países», documenta el estudio. En Nicaragua, la situación es particularmente grave debido al «alto nivel de represión, lo que a veces obliga a los periodistas a usar vías no oficiales» para salir del país.
Una vez en el exilio, el periodismo adquiere nuevos significados para estos comunicadores desarraigados. El estudio revela que «para las personas desplazadas, el periodismo supera la noción tradicional de ‘producir noticias’, y se concibe más como una forma de activismo democrático, un mecanismo de conservación de la memoria histórica, una manera de lidiar con el desarraigo».
Sin embargo, la dura realidad económica y logística del exilio cobra su precio. «La complejidad de fundar y mantener un medio, la dependencia del financiamiento internacional, la dificultad para obtener declaraciones de fuentes, la persecución transnacional y la necesidad de encontrar una forma de vida estable contribuyen a que muchos periodistas opten por dejar la profesión», advierte la investigación.
Esta pérdida de voces profesionales tiene consecuencias devastadoras para las democracias de origen. El informe es categórico: se generan «zonas de silencio y desiertos informativos» que vulneran «el derecho a la libertad de expresión y de prensa en la región, tanto en su dimensión individual como colectiva».
En respuesta a esta crisis, han surgido iniciativas de resistencia y apoyo. La Red Centroamericana de Periodismo, fundada en 2022, busca «unificar al gremio en una de las zonas con mayor desplazamiento de periodistas en América Latina». Mientras tanto, la Casa para el Periodismo Libre en San José se ha convertido en un centro neurálgico de apoyo, ofreciendo «capacitaciones y asesoría legal» a los comunicadores en el exilio.
El estudio, dirigido académicamente por la abogada y periodista costarricense Giselle Boza Solano y coordinado por Oscar Mario Jiménez Alvarado, concluye con una reflexión inquietante: «En democracias funcionales, el exilio no sería una opción. Por lo tanto, la existencia de este problema es una señal preocupante del profundo deterioro institucional, político y democrático que presentan los países de la región».
El éxodo de periodistas centroamericanos no es solo una tragedia personal para quienes se ven obligados a huir; es el síntoma de una erosión democrática que amenaza el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados y, en última instancia, la posibilidad misma de vivir en sociedades libres y transparentes.
