La gran vuelta atrás: más de 14,000 migrantes retornan forzosamente por Centroamérica
El sueño americano se convirtió en pesadilla para miles de migrantes que ahora emprenden el camino de regreso hacia el sur. Entre enero y agosto de 2025, más de 14,000 personas han retornado desde México y Estados Unidos, invirtiendo una ruta migratoria que durante décadas fluyó únicamente hacia el norte. Este fenómeno, documentado por las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia, revela un cambio sin precedentes en los patrones migratorios regionales.
La cifra contrasta dramáticamente con el flujo hacia el norte: mientras en el mismo período de 2024 más de 260,000 personas cruzaron irregularmente el Darién rumbo a Estados Unidos, este año esa cifra se desplomó un 97% debido al endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y las restricciones de tránsito en la selva panameña.
«La misión nos permitió corroborar que las restricciones de tránsito en la selva del Darién, junto con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, provocaron que se diera una reducción del 97 por ciento en el paso irregular hacia el norte», explicó Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo de Colombia, tras liderar una misión de monitoreo que recorrió puntos fronterizos críticos entre el 21 de julio y el 1 de agosto.
El retorno no es voluntario. Los 182 testimonios recogidos durante la misión, en su 97% de venezolanos, revelan que las principales razones para regresar fueron la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos (49%), los cambios en la política migratoria estadounidense (46%), el temor a detenciones o deportaciones (17%) y el agotamiento de recursos económicos (34%). Según la Organización Internacional para las Migraciones, el 37% de quienes retornan enfrentan necesidades económicas críticas, casi tres veces más que quienes migran hacia el norte.
«Estas decisiones de retorno no se producen de manera libre ni informada, sino como resultado de la disuasión, la coerción y la ausencia de garantías de protección en los países de tránsito y destino», concluye el informe presentado por las tres Defensorías con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Las historias que emergen del camino de vuelta son desgarradoras. El 86.8% de las personas entrevistadas manifestó haber sido víctima directa o conocer casos de abusos durante su paso por el Darién, mientras que relataron secuestros, extorsiones y robos en México y Guatemala perpetrados por redes criminales. En junio pasado, una lancha que trasladaba 38 personas desde Panamá hacia el Pacífico colombiano sufrió un accidente en alta mar, dejando heridas a mujeres gestantes, niñas, niños y una persona con discapacidad que perdió su silla de ruedas.
El negocio del retorno forzado
La migración inversa no escapa a la explotación. Las mismas redes transnacionales que antes facilitaban el tránsito hacia el norte ahora controlan el retorno, cobrando «paquetes» de hasta 280 dólares por persona para traslados marítimos entre Panamá y Colombia. Muchos migrantes permanecen días o semanas varados, intentando reunir el dinero necesario para continuar su viaje de regreso.
Colombia se ha consolidado como el epicentro de este flujo inverso. Entre enero y agosto, el país registró 14,422 personas en tránsito hacia el sur, concentrándose principalmente en Capurganá y Turbo, territorios con capacidades institucionales limitadas. La Ruta Caribe, que conecta Colón (Panamá) con Capurganá (Colombia), se ha convertido en un corredor de alto riesgo donde se documentan casos de trata de personas, explotación sexual y trabajo infantil.
En Medellín, considerado punto clave del tránsito inverso, se registraron 13,000 personas en movimiento desde Urabá entre enero y julio de 2025, cuatro veces más que quienes se desplazaron hacia el norte. El 75% de quienes llegan a Necoclí pasa por la capital antioqueña, donde persisten dificultades como la ausencia de albergues suficientes y limitaciones para garantizar derechos sexuales y reproductivos.
Las mujeres y niñas enfrentan riesgos diferenciados a lo largo de esta ruta inversa, viéndose obligadas a pernoctar en casas abandonadas, parques públicos y lugares improvisados. La violencia basada en género, la trata de personas y la discriminación se agudizan en un contexto donde el 76% de las víctimas en Panamá, el 75% en Colombia y el 42% en Costa Rica no denuncia los abusos por desconfianza en las autoridades.
La suspensión de fondos de cooperación internacional ha limitado aún más la asistencia humanitaria, ampliando los vacíos de protección. La mayoría de personas entrevistadas afirmó no haber recibido información sobre sus derechos ni sobre mecanismos de protección internacional disponibles.
«Urgimos a las autoridades atender a las personas en migración inversa para que no sean tomadas por grupos armados no estatales y se conviertan en víctimas de la violencia», advirtió Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El fenómeno del retorno forzado evidencia el fracaso de las políticas migratorias restrictivas, que en lugar de detener la movilidad humana, la han vuelto más peligrosa y la han invertido, creando nuevos corredores de vulnerabilidad. Los expertos recomiendan adoptar un enfoque regional e interseccional para la gestión migratoria, con mecanismos permanentes de coordinación que incluyan a instituciones nacionales, organismos internacionales y la sociedad civil.
La gran vuelta atrás de miles de migrantes no representa solo un cambio en las rutas, sino una crisis humanitaria que demanda respuestas coordinadas y basadas en derechos humanos. Como señala el informe, es urgente ampliar los mecanismos de movilidad regular y garantizar alternativas dignas para las personas en tránsito, reconociendo que la migración seguirá siendo una realidad regional más allá de las políticas de contención.
