La represión nicaragüense atraviesa fronteras
El asesinato del mayor retirado Roberto Samcam en San José, Costa Rica, el pasado 19 de junio, ha puesto en evidencia una realidad que cada vez cobra mayor fuerza en América Latina: la represión transnacional. Lo que antes se limitaba a las fronteras de Nicaragua, ahora persigue a los exiliados hasta los países que creían les ofrecerían protección.
Samcam, quien vivía en el exilio desde 2018, fue atacado en su propio domicilio por una persona que se hizo pasar por mensajero y le disparó en múltiples ocasiones. Su único delito: ser «un reconocido analista político, y crítico del régimen», según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este crimen no es un caso aislado. La CIDH y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) han documentado una escalada preocupante: «actos de violencia, incluyendo persecución y hostigamiento hacia personas consideradas opositoras al gobierno nicaragüense quienes se encuentran exiliadas en otros países de la región».
Cuando el exilio se convierte en una extensión de la persecución
Para miles de nicaragüenses que abandonaron su país buscando seguridad, el exilio se está convirtiendo en una extensión de la misma persecución de la que huían. La CIDH ha identificado mecanismos sofisticados de represión que trascienden fronteras: desde «el uso indebido de alertas rojas de INTERPOL» hasta «solicitudes de extradición contra personas solicitantes de asilo».
Las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que operan desde el exilio tampoco escapan a esta persecución. Continúan «ejerciendo su labor de denuncia y acompañamiento a víctimas desde el exilio», pero ahora enfrentan «actos de persecución y hostigamiento» en los países que las acogen.
Más grave aún, «personas defensoras de derechos humanos en situación de exilio han reportado haber sido objeto de vigilancia, intimidación y hostigamiento por parte de agentes del régimen nicaragüense». Esta realidad transforma el exilio, tradicionalmente concebido como un espacio de protección, en una extensión del territorio de persecución.
La CIDH reconoce que «el fenómeno de la represión transnacional representa un reto creciente y complejo para los Estados y para el Sistema Interamericano en su conjunto, ya que trasciende fronteras y pone a prueba los marcos tradicionales de protección».
Esta nueva realidad obliga a repensar las políticas de protección hacia las personas en situación de movilidad humana. Ya no basta con cruzar una frontera para encontrar seguridad; los Estados receptores deben desarrollar mecanismos más robustos para proteger a quienes buscan refugio de regímenes represivos.
La Comisión ha instado a las autoridades de los países receptores a «investigar con la debida diligencia todos los actos de violencia, amenazas, vigilancia y atentados cometidos contra personas nicaragüenses en el exilio» y a «garantizar que dichas investigaciones se conduzcan con independencia, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género».
El caso de Roberto Samcam representa un punto de inflexión: la demostración de que la represión no conoce fronteras y que el exilio, por sí solo, ya no garantiza la protección que históricamente había ofrecido a quienes huyen de la persecución política.
