ONU denuncia deportación irregular de cuatro venezolanos desde Estados Unidos
Desde Ginebra llegó una alerta que pone en evidencia las tensiones migratorias que atraviesan nuestro continente. Un grupo de expertos de Naciones Unidas expresó su «alarma» por la inminente deportación de cuatro venezolanos desde Estados Unidos, advirtiendo que esta medida constituiría una violación flagrante del derecho internacional de los refugiados.
Los casos involucran a tres disidentes políticos y un defensor de derechos humanos: Dehivis David Olivo Hernández, Gregory José Sanabria Tarazona, Teobaldo Antonio León y Wilmer Alexander García Vallenilla, quienes viven en el exilio estadounidense pero enfrentan deportación bajo acusaciones que los expertos califican como «infundadas».
La preocupación central gira en torno al principio de non refoulement, piedra angular del derecho internacional de refugiados que prohíbe devolver a una persona a un territorio donde pueda enfrentar persecución, tortura o violaciones graves a sus derechos humanos. «Su deportación violaría el principio de non refoulement, que prohíbe el traslado de personas a cualquier país en el que corran un riesgo real y previsible de privación arbitraria de la vida, tortura, desaparición forzada, detención arbitraria, persecución, juicio injusto u otras violaciones graves de los derechos humanos», señalaron los relatores especiales.
Esta protección, subrayan los expertos, se aplica sin distinción de situación migratoria o nacionalidad, lo que refuerza el carácter universal de estos derechos fundamentales. Sin embargo, el gobierno estadounidense sostiene, sin presentar evidencias, que los cuatro venezolanos estarían vinculados con el Tren de Aragua, organización que ha sido designada como «terrorista» por Estados Unidos, una calificación que los expertos de la ONU cuestionan directamente.
La designación ha expuesto a los cuatro venezolanos a una deportación sumaria bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, después de que Washington afirmara que el Tren de Aragua está llevando a cabo una «invasión o incursión depredatoria» en el país bajo órdenes del gobierno venezolano. Para los expertos de la ONU, esta argumentación carece de fundamento legal y pone en riesgo la vida de personas que ya han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos.
«Al menos dos de ellas han sido víctimas de actos de tortura documentados en Venezuela. Todas corren el riesgo de sufrir nuevas persecuciones, abusos o desapariciones forzadas», advirtieron los relatores especiales, quienes también denunciaron las circunstancias irregulares de las detenciones.
Un precedente peligroso para la región
Este caso ilustra las tensiones que atraviesa la región centroamericana y caribeña en materia migratoria. Los expertos denunciaron que estas personas fueron arrestadas «durante trámites rutinarios de inmigración o citas judiciales, sin previo aviso ni justificación adecuada», y que se les negó el acceso a asistencia jurídica efectiva para impugnar sus deportaciones.
La criminalización de la movilidad humana y la aplicación de medidas expeditas de deportación sin evaluaciones individuales de riesgo representan una tendencia preocupante que afecta a miles de migrantes en tránsito o destino. Para la región centroamericana, este caso representa un precedente peligroso, ya que la aplicación de criterios de seguridad nacional sin debido proceso para justificar deportaciones masivas podría extenderse a otros grupos de migrantes, incluyendo centroamericanos que buscan protección internacional.
«El Gobierno de Estados Unidos debe detener de inmediato la deportación de estas cuatro personas y llevar a cabo evaluaciones individualizadas adecuadas, conforme al derecho internacional», demandaron los expertos, quienes también exigieron que se garantice el acceso a recursos efectivos y se eviten nuevas medidas que puedan poner en riesgo a estas personas.
La denuncia de la ONU no solo se dirige a Estados Unidos. Los expertos también instaron a Venezuela a «garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos» de estas personas en caso de ser deportadas, exigiendo que ni ellas ni sus familiares sean objeto de represalias por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos públicos.
La crisis migratoria venezolana ha puesto a prueba los sistemas de protección regional, pero también ha evidenciado la necesidad de fortalecer los mecanismos de debido proceso y evaluación individual de casos de refugio y asilo. Este episodio subraya la urgencia de que los países de la región reafirmen su compromiso con los estándares internacionales de derechos humanos y protección de refugiados, más allá de las presiones políticas o consideraciones de seguridad nacional.
Los expertos que emitieron esta declaración incluyen relatores especiales en terrorismo, desapariciones forzadas, defensores de derechos humanos, derechos de migrantes, independencia judicial y orden internacional democrático, quienes han estado en contacto con ambos gobiernos respecto a estas preocupaciones.
