Organizaciones de Derechos Humanos exigen Libertad Inmediata del periodista José Rubén Zamora Marroquín
A 800 días de la detención del periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, fundador del medio elPeriódico, en Guatemala, diversas organizaciones de Derechos Humanos han emitido un comunicado exigiendo su liberación inmediata e incondicional.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran ARTICLE 19 México y Centroamérica, Amnistía Internacional, Committee to Protect Journalists (CPJ), Free Press Unlimited, Freedom House, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundamedios, Protection International Mesoamérica y Reporteros Sin Fronteras (RSF), así como la red IFEX-ALC, las que recalcan la necesidad de una acción urgente por parte del gobierno de Bernardo Arévalo para remediar lo que consideran “una detención injusta y arbitraria”.
En el comunicado, las organizaciones denuncian que el proceso judicial contra Zamora ha estado plagado de «irregularidades» y ha sido «perpetrado de forma arbitraria por parte de funcionarios estatales» quienes, además, han sido señalados en la Lista Engel de los Estados Unidos. Zamora fue arrestado el 29 de julio de 2022 bajo acusaciones de lavado de dinero, en un proceso que, según el comunicado, evidencia una estrategia de represión por su labor periodística crítica.
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A pesar de que en junio de 2023 un tribunal lo condenó a seis años de prisión, la Corte de Apelaciones anuló la sentencia en octubre del mismo año y, ordenó un nuevo juicio, que no se llevará a cabo hasta septiembre de 2025. Para las organizaciones esta demora «prolonga una situación de vulneración de derechos» y recalcan que Zamora sigue detenido bajo «nuevas acusaciones infundadas» de obstrucción a la justicia y falsificación de documentos.
La labor periodística de Zamora, que ha expuesto redes de corrupción e impunidad en el Estado guatemalteco, es señalada como el motivo principal detrás de su persecución judicial. Las organizaciones denuncian que las medidas tomadas por el Ministerio Público, bajo el mando de Consuelo Porras, y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) han sido «desproporcionadas» y «sin aportar pruebas claras», configurando una estrategia represiva en respuesta a sus investigaciones, incluidas aquellas que implican al expresidente Alejandro Giammattei.
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En mayo de este año, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria solicitó la liberación inmediata de Zamora, argumentando que su encarcelamiento responde a «motivos de opinión política» y que el proceso en su contra viola varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre ellos el artículo 19. Además, en julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció «la falta de independencia judicial y el uso desproporcionado del sistema penal» contra voces críticas en Guatemala.
Las organizaciones piden al gobierno de Guatemala, que «impulse las medidas necesarias para remediar la situación de Zamora» y acate las recomendaciones de organismos internacionales para poner fin a su detención arbitraria. Finalmente, recalcan que este caso es «emblemático por los efectos a su persona y su trabajo» y por el impacto negativo que tiene sobre la libertad de prensa en el país, afirmando que «el acoso judicial en represalia a la labor periodística es un ataque flagrante al estado de derecho en Guatemala» .
