Periodistas nicaragüenses: del exilio forzado a la supervivencia precaria
La realidad de los periodistas nicaragüenses en el exilio se ha tornado más compleja y preocupante durante el segundo trimestre de 2025, según el más reciente informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). El panorama de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua no solo se ha intensificado en el territorio nacional, sino que sus efectos se extienden más allá de las fronteras, afectando a quienes han buscado refugio en otros países.
«El desplazamiento de las agresiones al ámbito digital refleja una consecuencia alarmante: la presencia física del periodismo en el territorio nacional es cada vez más limitada», señala el informe de FLED, que documenta 40 casos de violaciones a la libertad de prensa, de los cuales 28 ocurrieron en el entorno digital. Esta migración forzada del periodismo hacia plataformas digitales coincide con un fenómeno más amplio: el crecimiento del número de comunicadores que han tenido que abandonar Nicaragua.
El asesinato del analista político Roberto Samcam ha provocado una nueva oleada de temor entre los periodistas exiliados. «Decidí no salir por dos semanas. Ya llevo siete días sin salir de mi cuarto», relató un periodista freelance a FLED. Desde su refugio, otra reportera confesó: «Hablé con el casero porque me preocupaba la falta de cámaras de seguridad. Ahora ya instaló algunas».
Este clima de inseguridad ha llevado a que algunos periodistas gestionen trámites para reubicarse en países considerados más seguros, como España, debido al «temor creciente a que las redes de vigilancia y persecución del gobierno nicaragüense estén cruzando fronteras», según documenta el informe.
Las restricciones migratorias también se han endurecido. Durante el segundo trimestre de 2025, se observó «un incremento sostenido en los casos de negativa de ingreso a Nicaragua, particularmente dirigidos a periodistas y creadores de contenido», afectando incluso a «profesionales de la comunicación de bajo perfil o con poca trayectoria entre el gremio periodístico».
La batalla diaria por la supervivencia en el exilio
En Costa Rica, país que acoge a un importante número de periodistas nicaragüenses, las dificultades se multiplican. Al menos 15 comunicadores enfrentan obstáculos significativos derivados de su situación migratoria, al contar únicamente con el Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX) con categoría de solicitantes de refugio.
Un periodista exiliado relató a FLED que se le impidió renovar su plan de internet en la empresa Liberty por su condición de solicitante de refugio. «Según la joven que me atendió, no podían aceptar mi documento porque han tenido muchas estafas de personas extranjeras que utilizan esta identificación para activar planes, pero luego no cumplen con los pagos ni con los contratos», explicó.
El caso del periodista Roberto Mora Cárcamo ilustra las complicaciones del sistema. Según relató a Darío Medios, «aún no ha logrado regularizar su estatus migratorio en Costa Rica» y «ha presentado apelaciones para adelantar su cita de elegibilidad y obtener su identificación como refugiado, pero no ha tenido respuesta favorable». Esta situación lo ha obligado a combinar colaboraciones esporádicas con medios nicaragüenses con trabajos como conductor de Uber.
La situación económica de los periodistas en el exilio se ha deteriorado significativamente. FLED documenta casos dramáticos: una periodista «decidió buscar empleo como trabajadora doméstica en una casa de familia» para encontrar un lugar donde vivir sin pagar renta. Otro comunicador «con décadas de trayectoria en medios de comunicación nacionales, enfrentó el desempleo tras un breve vínculo con un medio» y tuvo que regresar a trabajar en un centro de llamadas.
Un joven periodista recuerda «con crudeza sus primeros días en el exilio: llegó sin recursos, durmió en la calle y trabajó en una cadena de comida rápida antes de decidir retomar su vocación periodística». Actualmente redacta para una plataforma digital de forma voluntaria, «ya que el medio no cuenta con fondos para honorarios».
Mientras tanto, siete periodistas nicaragüenses despojados de su nacionalidad han solicitado protección internacional al Gobierno de España. Entre ellos se encuentra Nayel Martínez, editora del diario La Prensa, quien «recibió una notificación oficial de ‘no admisión’ al territorio nicaragüense» y enfrenta «un riesgo inminente de apatridia» con su pasaporte próximo a vencer.
«Queremos que se reconozca el carácter político y humanitario de nuestra situación. La comunidad internacional no puede cerrar los ojos ante la muerte civil impuesta por la dictadura a los periodistas independientes», expresó uno de los firmantes de la solicitud ante España.
Como advierte FLED, «la falta de pasaporte vigente y/o de una resolución definitiva de persona refugiada deja a muchos periodistas en un limbo migratorio, con restricciones que dificultan su integración», constituyendo «una forma de violencia institucional silenciosa que vulnera su derecho a la protección internacional».
El informe concluye con una realidad cruda: «En numerosos casos, ejercen su oficio sin remuneración, impulsados únicamente por su compromiso con la verdad, mientras sortean los múltiples desafíos de vivir lejos del país y del entorno profesional que alguna vez los sostuvo».
