Un juez frena la detención automática de jóvenes migrantes al cumplir 18 años

Para miles de jóvenes que llegaron solos a Estados Unidos huyendo de la violencia o buscando reunirse con sus familias, cumplir 18 años se había convertido en una nueva pesadilla: ser trasladados automáticamente a centros de detención para adultos, separándolos del último refugio de estabilidad que conocían.

Esta semana, un juez federal detuvo temporalmente esa medida impulsada por la administración Trump. El juez Rudolph Contreras, del Tribunal de Distrito en Washington, D.C., recordó que una resolución de 2021 ya protege a estos jóvenes, estableciendo que deben ser ubicados en el «entorno menos restrictivo disponible» al alcanzar la mayoría de edad, no encerrados como si fueran criminales.

La decisión llega como un respiro para adolescentes que han pasado meses o incluso años esperando una respuesta del sistema migratorio, muchos de ellos sin saber si volverán a ver a sus familias o si podrán construir una vida lejos del peligro que los obligó a huir.

Pero la batalla legal no es la única presión que enfrentan estos menores. El gobierno también lanzó un programa que ofrece hasta 2,500 dólares a jóvenes migrantes de 14 años en adelante que acepten regresar voluntariamente a sus países de origen.

El dinero, descrito por funcionarios federales como un «beneficio de reasentamiento», se entregaría una vez que el menor sea deportado y un juez de inmigración apruebe el caso. Según documentos internos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la medida busca «apoyar la reintegración» en los países de origen.

Sin embargo, organizaciones que trabajan con migrantes advierten que la realidad es más compleja y dolorosa. Muchos de estos jóvenes escaparon de situaciones de extorsión, amenazas de pandillas o pobreza extrema. Ofrecerles dinero para que regresen, sin garantizarles asesoría legal ni evaluar los riesgos que enfrentarán, es ponerlos en una posición vulnerable.

«Imagina a un adolescente solo, sin familia cerca, llevando meses en un refugio federal, sin saber qué pasará con su caso. Ahora le dicen que puede recibir dinero si acepta irse. ¿Qué tan voluntaria es esa decisión?», cuestiona una defensora de derechos de migrantes.

Desde octubre de 2021, más de 400,000 menores no acompañados han cruzado la frontera sur de Estados Unidos. Muchos viajaron durante semanas, atravesando países y enfrentando peligros inimaginables, con la esperanza de encontrar seguridad o reencontrarse con un padre, una madre, un hermano.

Aunque una ley de 2008 garantiza que estos niños y adolescentes tengan derecho a comparecer ante un juez antes de ser deportados, la realidad es que los procesos se han alargado indefinidamente. En julio de este año, el tiempo promedio de estancia en refugios federales alcanzó los 171 días, casi seis meses de incertidumbre y espera.

Detrás de cada cifra hay una historia: un muchacho hondureño que dejó su pueblo porque las pandillas mataron a su primo. Una niña guatemalteca que viajó sola porque su madre, quien trabaja limpiando casas en Carolina del Norte, no podía regresar a buscarla. Un salvadoreño de 17 años que sueña con terminar la escuela y ayudar a su abuela enferma desde lejos.

Estos jóvenes no solo cargan con el peso de su propia migración, sino también con las expectativas, las deudas y las angustias de las familias que dejaron atrás.

A pesar de todo, estos adolescentes siguen levantándose cada día en los refugios, asistiendo a clases, aprendiendo inglés, aferrándose a la esperanza de que su valentía y sacrificio no fueron en vano.

El fallo del juez Contreras es un recordatorio de que, más allá de las políticas que intentan reducirlos a números o problemas administrativos, estos jóvenes tienen derechos. Y aunque el camino siga siendo incierto, cada pequeña victoria legal representa una oportunidad para que puedan construir el futuro que vinieron buscando, lejos del miedo y con la dignidad intacta.

Mientras tanto, el programa de incentivos económicos del gobierno no aplica a menores mexicanos y se suma a iniciativas similares que ya ofrecen mil dólares a adultos que acepten la deportación voluntaria. Todo financiado con 250 millones de dólares transferidos en junio por el Departamento de Estado al HHS.

Para las familias centroamericanas divididas por la migración, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto más tendrán que resistir antes de que se reconozca su derecho a vivir sin miedo?