54,000 nicaragüenses naturalizados pueden votar en Costa Rica pero 77% no se siente representado en ningún partido político
Más de 54,000 nicaragüenses naturalizados tienen derecho al voto en Costa Rica, representando el 1.5% del padrón electoral. Sin embargo, su participación política no se ha traducido en un reconocimiento proporcional dentro de la agenda pública, revela un estudio presentado por la Asociación Popol Na con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.
La investigación «Agenda Ciudadana del voto nicaragüense finalizado: demandas y reformas para la democracia plena en Costa Rica. Elecciones 2026» combinó encuestas, entrevistas a expertos y grupos focales para caracterizar las percepciones y barreras que enfrenta este electorado.
Los números son contundentes: el 67% de los encuestados reporta haber experimentado discriminación o trato desfavorable por xenofobia en el último año. Esta discriminación se manifiesta especialmente en las interacciones institucionales, trámites administrativos, el ámbito laboral y la vida comunitaria. La percepción del trato y la confianza política es negativa para el 51.3% de los consultados. «Para una clara mayoría, la ciudadanía formal costarricense no se ha traducido en una experiencia de integración social ni en un reconocimiento igualitario», señala el estudio.
El análisis de los planes de gobierno de los 20 partidos que participan en las elecciones de 2026 revela una preocupante ausencia: solo 12 partidos tienen propuestas sobre migraciones y únicamente nueve abordan el tema de refugiados. Ocho partidos, incluido el Partido Liberación Nacional, no presentan ninguna propuesta.
77.5% no se siente representado por ningún partido
«No hay una interpelación al electorado naturalizado«, explica Rolando Fernández, investigador del estudio. «El tema de migración sigue siendo un tema no tratado, incluso tabú para algunos partidos políticos». Apenas seis partidos presentan un capítulo específico sobre migración en sus programas de gobierno. El Frente Amplio lidera con la mayor cantidad de propuestas, seguido por Unidos Podemos y el Partido de la Clase Trabajadora.
Las 10 personas expertas entrevistadas coincidieron: no existe una agenda dirigida a población naturalizada. La desconfianza institucional, vinculada a la experiencia histórica de dictaduras y fraude electoral en Nicaragua, se suma a la desinformación sobre el sistema electoral costarricense.
Sin embargo, la intención de votar existe: el 78.9% de los encuestados está inscrito en el padrón electoral y el 72.4% afirma que votará en las elecciones de 2026, un incremento significativo respecto al 63.1% que votó en 2022. El problema es que el 77.5% no se siente representado por ningún partido o candidatura actual.
Las mujeres nicaragüenses naturalizadas enfrentan desafíos adicionales: sobrecarga de tareas de cuidado, precarización laboral y falta de tiempo para participar en procesos políticos. «Hay una barrera y una doble discriminación para la mujer naturalizada», señala Joel Antonio Martínez, de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos.
El estudio identificó las tres prioridades principales de este electorado: acceso a salud y seguridad social (83.6%), lucha contra la discriminación (78.2%) y regularización de trámites estatales (74.9%). El 92.5% considera que la agenda ciudadana del voto migrante debe ser impulsada por la sociedad civil, ante la ausencia de partidos que atiendan sus demandas específicas.
Como recordó Danilo Sarabia durante la presentación, la relación entre Costa Rica y Nicaragua no siempre fue así. «Antes del 79 era una hermandad», explicó, señalando que la xenofobia se intensificó a partir de los años 80 con una campaña mediática que generó «un estado de opinión que creó una actitud anti – nica».
Hoy, esta población que aporta económica, social y culturalmente al país sigue esperando que su ciudadanía signifique más que un trámite burocrático.
