Costa Rica se convierte en epicentro de la resistencia LGBTIQ+ migrante

Mientras América Latina vive una ola de retrocesos en derechos humanos que ha puesto en mayor riesgo a las personas LGBTIQ+ migrantes, Costa Rica se convierte en el epicentro de la resistencia, ya que representantes de 14 organizaciones de 11 países latinoamericanos se reúnen en San José para el IV Encuentro Regional por la Movilidad Humana LGBTIQ+ LAC.

Este evento trasciende lo académico para convertirse en una estrategia de supervivencia colectiva ante el desmantelamiento de políticas inclusivas y el auge de discursos antiderechos que han criminalizado a las poblaciones sexo-diversas en situación de movilidad.

El panorama regional es preocupante. Según IRCA – CasaAbierta el auge de discursos antiderechos y políticas regresivas en varios países de América Latina y el Caribe ha exacerbado las condiciones de precariedad, desamparo e invisibilización de las personas LGBTIQ+ en movilidad humana. Estos discursos, amplificados en redes sociales y promovidos por sectores políticos conservadores, han derivado en un incremento de actos discriminatorios y crímenes de odio, restricciones sistemáticas para el acceso a vivienda, empleo y servicios de salud, así como la criminalización y persecución a organizaciones defensoras de derechos humanos.

Dennis Castillo Fuentes, director ejecutivo del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ+ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA), observa desde Costa Rica este retroceso regional. «Hemos visto retrocesos, a pesar que ha sido un país que lidera en la región en Centroamérica avances importantes en materia de derechos, pero hemos en esta administración actual hemos visto los retrocesos que se han dado», explica el activista, quien también denuncia que estos cambios han debilitado a la sociedad civil organizada a través de estrategias de «asfixia económica» que limitan el trabajo de primera línea de las organizaciones.

La articulación regional como estrategia de supervivencia

Frente a este contexto adverso, la articulación a nivel latinoamericano emerge como una estrategia de resistencia. El encuentro que reúne a organizaciones de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Perú y Venezuela, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, no es casualidad sino necesidad. «Solo en América Latina se estima que existan 2.3 millones de personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana», indica IRCA, una cifra que representa rostros, historias y vidas en riesgo constante que enfrentan «dobles y hasta triples vulneraciones de los derechos» en el tránsito y en los países de acogida.

Para Mariana de la Cruz, representante de Casa Frida, Refugio LGBTIQ+ de México, la respuesta debe ser coordinada y sostenida. «Creo que desde las diversas organizaciones que estamos en esto hemos pensado en la necesidad de articular lo local y lo regional», explica, enfatizando que cada país ha empujado reformas en sus territorios, pero que la articulación regional permite «visibilizar no solo lo que nos convoca a nivel local, sino cómo ha funcionado durante el último semestre la movilidad LGBT por violencias LGBT».

La activista mexicana subraya que la visibilización es apenas el primer paso hacia una respuesta integral: «La visibilidad convocando a los actores sociales de toda la región a que realmente haya una respuesta sostenida, sostenible y contundente a esto». Esta perspectiva cobra especial relevancia cuando, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), existen aproximadamente 281 millones de migrantes en todo el mundo y 117 millones de personas desplazadas por conflictos.

En este contexto, la Red Regional por la Movilidad Humana LGBTIQ+ LAC trabaja en una hoja de ruta estratégica que garantice la sostenibilidad de sus operaciones ante el recorte de fondos destinados a programas de protección y asistencia humanitaria. Como señala Danilo Manzano Navas, de la Fundación Diálogo Diverso: «Este momento nos exige más que nunca unir fuerzas desde todos los sectores de la sociedad», haciendo un llamado a Estados, organismos internacionales y empresa privada para que asuman «un compromiso real y sostenido con la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en movilidad humana», porque «nuestro trabajo no solo es urgente, sino vital para defender la vida y la dignidad» de estas poblaciones.