¿Dónde se hace la política migratoria de Costa Rica?»: un Estado que viola sus propias leyes

** El diseño institucional está colapsado: un ministro para dos carteras, un consejo que no funciona y una unidad de refugio con una sola persona más pese a pasar de 1,000 a 200,000 solicitudes

La pregunta resuena con urgencia en el auditorio: «¿Hay una política migratoria en Costa Rica? Y si la hay, ¿dónde y quién la hace?». Harold Villegas, politólogo costarricense y ex integrante de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, plantea el interrogante que atraviesa toda su ponencia en el seminario Movilidad humana y migración: cuerpos, fronteras, luchas y resistencias en el siglo XXI.

Su interés en el tema nació de una observación desconcertante. En 2018, cuando fue invitado a formar parte de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, descubrió que Costa Rica mantiene una lista de países cuyos ciudadanos enfrentan restricciones especiales: Afganistán, Bangladesh, Cuba, Eritrea, Etiopía, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Myanmar, Palestina, Siria, Corea del Norte, Somalia y Sri Lanka.

«¿Por qué un país, un Estado tiene que tener visas restringidas? ¿Quién decide eso? O cómo se decide eso», cuestionó Villegas, añadiendo una pregunta más incisiva: «¿Por qué no México, porque no otros países? Obviamente que cuando usted hace política pública tiene que ver con decisiones de las autoridades que son decisiones políticas que obviamente se transforman en normas en decretos que tienen una carga ideológica».

El especialista, quien cuenta con una maestría en estudios políticos y sociales latinoamericanos y ha sido viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es claro en su postura: «Las políticas públicas que van a afectar a todo el conjunto de la sociedad no son neutras del punto de vista ideológico».

Un marco legal que el Estado ignora

La contradicción es flagrante. El artículo 1 de la Ley General de Inmigración establece que regula «el ingreso, la permanencia y el egreso de personas extranjeras en el territorio de la República con fundamento en la Constitución, los tratados y los convenios internacionales ratificados por nuestro país, en especial referencia a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos».

El artículo 3 es aún más explícito: la ley debe fomentar la integración «con base en principios de respeto a la vida humana, a la diversidad cultural, a las personas, a la solidaridad, la equidad de género, así como los derechos humanos garantizados en la Constitución Política».

Sin embargo, Villegas denunció que «este gobierno toma dos decisiones que son totalmente contrarias a la ley de inmigración». Se refiere al decreto 43810, que representa «un retroceso, una involución a lo que dice el Estatuto de Refugiados», y a la aceptación de la deportación desde Estados Unidos de más de 200 personas, «violando todos los derechos y principios desde la comunicación, desde el encierro en lo que se llama el Emisur o el centro de atención temporal en el sur».

«Es decir, violaciones flagrantes a nuestro ordenamiento jurídico», sentenció el politólogo, quien agradeció que «dichosamente hay un Estado de Derecho y la Sala Cuarta le ha hecho ver eso».

Pero la pregunta persiste: Villegas cuestionó si la política migratoria «se hace en la Universidad de Costa Rica, se hace en la embajada de Estados Unidos, se hace en el Club Unión, no sé, se hace en Nueva York, en la ONU. Dónde se hace la política migratoria del Estado de Costa Rica».

Un diseño institucional colapsado

El análisis de Villegas sobre la estructura institucional revela un sistema disfuncional por diseño. «Este país es el único país del mundo que tiene solo un ministro de Estado para dos ministerios. El ministro de seguridad es el mismo ministro de gobernación. ¿A quién se le ocurrió eso y por qué?», cuestionó.

Esta configuración, según el especialista, «ha debilitado mucho la política migratoria, pero además confunde porque el tema migratorio no es un tema de seguridad fundamentalmente, es un tema de derechos humanos y de integración. Y no lo invento yo, eso dice la Constitución Política de Costa Rica y la ley de inmigración».

El problema se profundiza con la figura del viceministro en Gobernación, quien «está como pintado a la pared, porque el que decide es el director de migración». Villegas explicó que «la ley de migración del 2011 le da ultra poderes a quien esté en la dirección», dejando al ministro sin función real.

Además, existe un Consejo Nacional de Migración que por ley debería ser «un órgano asesor del poder ejecutivo en la política migratoria», integrado por ministros de Estado. Pero Villegas, desde su experiencia directa, confirmó que «no van los ministros, van otros representantes, porque además la ley dice ‘el ministro o su representante’. Entonces, ahí como están tan ocupados y como el tema migratorio no es tan importante dentro de la agenda pública, entonces no hay un tema ahí de seriedad».

Su conclusión es contundente: «El Consejo Nacional de Migración, que es el que debería generar la política y asesorar al poder ejecutivo, no existe tampoco».

Las cifras que evidencian el desinterés

Los números son reveladores del abandono estatal. Villegas señaló que Costa Rica «pasó de 1,000 o menos solicitudes de refugio a 200,000. Y solo se ha aumentado una persona en el staff real de la unidad de refugio«.

El financiamiento también refleja las prioridades del Estado. Durante la pandemia, el gobierno «recortó el fondo especial migratorio y también el social que eran fondos por ley para poder hacer esto. Se fueron ambos a la caja única del Estado y no se le dio a migración».

Mientras tanto, denunció el ponente, «si vas al despacho del ministro de seguridad tiene 10 o 15 asesores, y en 8 años no se le da un solo o dos plazas mínimo a la unidad de refugio».

Esta situación ha creado una dependencia peligrosa de la cooperación internacional. «Obviamente que nos hemos aprovechado un poco de la cooperación externa, pero lo que quiero decir es que la política migratoria es resorte del Estado de Costa Rica. No se puede delegar ni a ONU, ni a la OIT, ni a la OIM, ni a la ACNUR, ni a las organizaciones que hacen un gran trabajo», enfatizó Villegas.

El especialista fue claro: «Es una responsabilidad del Estado. Las ONGs tienen que hacer un trabajo complementario, por supuesto que sí. Pero no pueden sustituir al Estado». Y cuando llegó el recorte de fondos durante la administración Trump, quedó evidente la fragilidad del sistema: «Vino Trump, se recortó el presupuesto, quedamos arreglados».

Las causas estructurales que nadie quiere abordar

Para Villegas, cualquier análisis serio de la política migratoria debe considerar los paradigmas de la modernidad que sostienen al sistema. «Del punto de vista político, tenemos una democracia como un sistema político de libertades, liberalismo. Es una democracia liberal basada también en la revolución, los principios de la igualdad, la libertad, la fraternidad. Y también tenemos del punto de vista económico un sistema capitalista», explicó.

El problema es que «ambos condicionan una política migratoria y ambos condicionan las causas estructurales de la migración». La contradicción es evidente: «La democracia defiende valores y principios, por lo menos del punto de vista del deber ser, que son contrarios al capitalismo: concentración de riqueza, de poder, de mercados, el individualismo, cuando democracia por lo menos del punto de vista teórico tiende a libertades, a la igualdad, a la justicia».

Villegas cuestionó: «¿Cómo complementar cómo podrá ser visible esto? Me parece que es muy difícil. ¿Cómo luchar por la igualdad, por la libertad, por la justicia en un sistema capitalista como este?».

Su respuesta apunta al papel del Estado: «A menos de que surja una visión de Estado donde el estado como un instrumento que puede ser para el bien o para el mal sea un instrumento para el bien, pueda mitigar esas desigualdades de origen desde punto de vista racial, desde punto de vista económico, desde punto de vista de género a través de una distribución de riqueza».

El ponente fue enfático al señalar que en Centroamérica las condiciones estructurales permanecen intactas. «En los acuerdos de paz era muy importante que la gente no se matara en una guerra civil bélica, que había que desmilitarizar. Pero aparte de eso había que distribuir la riqueza, las tierras, porque ahí no puedes tocar el sistema político sin tocar el sistema económico y ahí es donde está el tema».

Seis conclusiones demoledoras

Villegas cerró su presentación con seis reflexiones que cuestionan los fundamentos mismos de la política migratoria costarricense:

Primero, «la política migratoria es una función ineludible e indelegable del Estado». Segundo, «la política migratoria en Costa Rica no respeta la institucionalidad. Tuvimos que ir a la Sala Cuarta para que se respetara la institucionalidad», violando además «los compromisos internacionales como el estatuto de refugiados».

Tercero, el Estado «promueve la irregularidad, lo cual tiene efectos graves sobre la figura del refugio». Villegas explicó que el gobierno justifica sus restricciones alegando «que hay un abuso de la figura de refugio», pero «la ley de migración le da poderes al director o directora de migración para que cree todas las categorías migratorias, no lo hace. Entonces, estar aquí en nuestro país regularizado es supercomplicado y por eso es que la gente se va por la figura de refugio».

Cuarto, «el sistema económico se alimenta de esa irregularidad que fortalece la informalidad laboral y obviamente profundiza el círculo de la explotación. A alguien le conviene que la gente esté irregular».

Quinto, «lo terrible es que es una explotación desde la democracia. Es decir, no estamos hablando de regímenes dictatoriales. Estamos hablando de que estamos violentando derechos humanos en países considerados democráticos como este».

Y sexto, «la no existencia de una política pública migratoria o el desinterés se ve reflejada en la ley de presupuesto. Usted ve si un estado está interesado en un tema cuando ve cuánto dinero está dando. Y obviamente en la ley de presupuesto esto ha sido recortes y recortes».

La pregunta de Villegas permanece suspendida en el aire, esperando respuesta: ¿Dónde se hace realmente la política migratoria de Costa Rica? Y más importante aún: ¿bajo qué marco ideológico y político se construye cuando viola sistemáticamente las leyes y tratados que el propio Estado ha ratificado?