Plan fiscal de Trump amenaza flujo de remesas con nuevo impuesto del 1%

***El Senado estadounidense aprueba por estrecho margen un paquete económico que incluye gravamen a envíos de dinero y recortes que podrían afectar empleos de migrantes.

El ambicioso plan fiscal del presidente Donald Trump avanzó este martes en el Senado estadounidense con 51 votos a favor y 50 en contra, gracias al voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance. La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación final antes del 4 de julio, incluye medidas que impactarán directamente a las familias migrantes, especialmente en el envío de remesas.

Entre las disposiciones más preocupantes para las comunidades migrantes figura un impuesto del 1% a las remesas, una medida que, aunque pueda parecer menor, representa un costo adicional para millones de familias que dependen de estos envíos para su subsistencia. Los analistas económicos consultados coinciden en que, debido a la naturaleza «inelástica» de las remesas —es decir, que las familias seguirán enviando dinero independientemente del costo—, no se espera una caída drástica en estos flujos. Sin embargo, el nuevo gravamen significa menos dinero disponible para gastos esenciales como alimentación, educación y salud en los países de origen.

La inclusión del impuesto a las remesas no es casual. Según datos del Banco de México, en 2024 las remesas alcanzaron cifras récord, superando los 65 mil millones de dólares. Este flujo constante de divisas representa una fuente de ingresos atractiva para el gobierno estadounidense, especialmente en un contexto donde busca financiar su ambicioso plan de gastos en defensa y control migratorio. El timing político también es significativo: al gravar las remesas, la administración Trump envía una señal clara sobre su postura hacia la migración, mientras genera recursos que, irónicamente, podrían utilizarse para fortalecer las mismas políticas de deportación que tanto temen las comunidades migrantes.

Empleos y programas sociales en la mira

Más allá del impuesto directo, el plan contempla recortes significativos al gasto público que podrían afectar sectores donde se concentra una gran parte de la población migrante mexicana y latinoamericana. La construcción, la manufactura ligera y los servicios —áreas tradicionalmente dependientes de trabajadores inmigrantes— podrían verse reducidos si el ajuste fiscal deriva en una desaceleración económica.

«Existe el riesgo de que la llegada de remesas se modere si los recortes afectan sectores donde trabaja una gran parte de población migrante», advierte Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa.

El plan fiscal no solo impone nuevos costos, sino que también contempla recortes significativos a programas sociales que han sido fundamentales para las familias migrantes de bajos ingresos. Entre los más afectados se encuentra Medicaid, el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos, y SNAP, el programa de asistencia alimentaria. Estos recortes representan un doble golpe para las comunidades migrantes: por un lado, enfrentan el nuevo impuesto a las remesas, y por otro, pierden acceso a redes de seguridad social que han sido cruciales para su integración y supervivencia económica.

Muchas familias mixtas —donde algunos miembros tienen estatus legal y otros no— dependen de estos programas para cubrir necesidades básicas de salud y alimentación. La eliminación de incentivos para energías renovables también podría impactar negativamente el empleo en un sector que ha absorbido una cantidad considerable de mano de obra migrante en los últimos años, desde la instalación de paneles solares hasta la construcción de parques eólicos.

Impactos económicos y estrategias de supervivencia

Para México, el panorama presenta luces y sombras. Por un lado, una política fiscal expansiva en Estados Unidos históricamente ha impulsado la demanda de importaciones mexicanas, beneficiando especialmente al sector manufacturero. Este efecto ya se observó durante 2021 y 2022 con los estímulos de la administración Biden.

Sin embargo, los recortes fiscales a las grandes empresas estadounidenses podrían incentivar la repatriación de inversiones, reduciendo el atractivo del nearshoring hacia México. «Un entorno fiscal más atractivo en Estados Unidos debería reducir el incentivo de las empresas a trasladar sus operaciones a México», explica Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex.

El plan fiscal también plantea riesgos para la estabilidad del dólar estadounidense. La iniciativa contempla elevar el techo de la deuda a 5 billones de dólares y proyecta un aumento del déficit de más de 3 billones para 2034, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Fernando Castellanos, analista de Banco Base, señala que «el aumento sostenido del déficit fiscal representa riesgos para la calificación crediticia de Estados Unidos, lo que debilita su moneda». Un dólar más débil podría beneficiar las exportaciones mexicanas, pero también generar presiones inflacionarias en el país.

Ante este panorama, las comunidades migrantes ya comienzan a desarrollar estrategias de adaptación. Algunas organizaciones comunitarias reportan un aumento en consultas sobre métodos alternativos de envío de dinero, desde criptomonedas hasta sistemas de hawala tradicionales, aunque estos últimos conllevan riesgos legales significativos. Los expertos advierten que estas medidas fiscales podrían impulsar una mayor «informalización» de los envíos de dinero, lo que paradójicamente reduciría la transparencia financiera que tanto persiguen las autoridades estadounidenses.

«Cuando se encarece el sistema formal, la gente busca alternativas», explica un especialista en remesas que prefiere mantenerse anónimo. La pregunta que ronda en las comunidades es si vale la pena seguir enviando dinero a través de canales oficiales o si es momento de explorar rutas menos reguladas pero más económicas. Esta decisión no solo tiene implicaciones financieras, sino también legales y de seguridad para millones de familias.

Con la fecha límite del 4 de julio establecida por Trump, la Cámara de Representantes enfrentará una votación que se anticipa cerrada. La aprobación definitiva del paquete fiscal no solo determinará la política económica estadounidense de los próximos años, sino que definirá el futuro de millones de migrantes que han hecho de Estados Unidos su hogar económico y de las familias que dependen de sus envíos. Para las comunidades migrantes, cada centavo cuenta. Y en esta ecuación fiscal, ese centavo ahora tiene un costo adicional del 1%.


La propuesta aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes. Los efectos sobre el flujo migratorio y las remesas se materializarían una vez que entre en vigor la legislación.