Debate presidencial: Candidatos a la presidencia de Cost Rica debaten sobre protección a niñez y mujeres migrantes

Costa Rica ha suscrito a la mayoría de instrumentos internacionales de protección en materia migratoria. Su tradición en derechos humanos es reconocida internacionalmente. Sin embargo, persisten brechas entre el marco jurídico y la vida cotidiana de las familias migrantes, especialmente para la niñez y las mujeres.

El 21% de quienes llegaron a Costa Rica entre 2023 y 2024 son niñas y niños. Las mujeres migrantes y refugiadas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, experimentaron la pobreza con mayor severidad entre 2022 y 2024: entre un 10% y 12% más que el promedio nacional.

«Una cosa es lo que el montón de leyes digan y el montón de normas digan y otra cosa es la realidad», señaló Boris Molina, del PUCD, durante el primer debate de candidatos a la presidencia de sociedad civil organizado en la historia de Costa Rica, enfocado en derechos humanos y migración. «Tenemos normativa de sobra, tenemos derechos humanos de sobra, pero si no los aplicamos entonces no sirven para nada».

Ocho candidatos presidenciales intentaron explicar cómo cruzarían ese abismo entre lo que prometen las leyes y lo que viven día a día las familias.

Candidatos debaten protección a niñez y mujeres migrantes

Prácticamente todos los candidatos coincidieron en algo: el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) está fallando a la niñez migrante.

Boris Molina fue contundente al referirse a los niños y niñas migrantes, especialmente venezolanos: «Para el PANI simplemente esos hermanos no existen. No son niños y niñas que debamos de proteger porque se supone que no son costarricenses», denunció, catalogando al PANI como «una de las instituciones más ineficientes del país».

Claudio Alpízar, del PEN, señaló una contradicción: «El Patronato Nacional de la Infancia hace algunos días hizo un alboroto alrededor de una niña de uno de los colegas candidatos porque dio un discurso, pero no vemos al Patronato Nacional de la Infancia deteniendo ese abuso» de familias venezolanas en situación de vulnerabilidad extrema que se ven obligadas a estar en las calles con sus hijos.

Walter Hernández, del PJSC, fue enfático: «Si hay una institución que puede representar perfectamente a este gobierno por ineficiente, por inepta, por corrupta, por no tener capacidad más que reactiva porque no anticipan absolutamente nada por estar llena de vicios es precisamente el Patronato Nacional de la Infancia».

La propuesta de intervención directa al PANI fue mencionada por varios candidatos, aunque reconocieron la complejidad legal que representa, dado que el Patronato goza de autonomía especial según el artículo 55 de la Constitución.

Ana Virginia Calzada, del PCDS, fue clara en su postura: «Los niños y las niñas tienen los mismos derechos en cualquier situación y en cualquier país en que se encuentren. En nuestro gobierno los niños y las niñas de poblaciones migrantes tendrán los mismos derechos que los niños y las niñas que habitan en nuestro país».

Marco Rodríguez, del PEL, enfatizó que «un niño es un niño, somos universales» y recordó su experiencia personal: su madre adoptó a una niña migrante cuya situación nunca pudo regularizar. «A ella la intentaron comprar desde el PANI», denunció, prometiendo que «eso en mi gobierno no va a pasar».

La discriminación en las aulas

David Hernández, del PT, profesor de educación cívica, habló desde su experiencia directa: «Es duro escuchar las historias de los estudiantes y las estudiantes migrantes y cómo les falla el sistema educativo siempre en su proceso de integración».

Reveló un dato preocupante: «Los estudios muestran que en ningún lugar sienten más discriminación los estudiantes y las estudiantes migrantes que en las clases de educación cívica». Esto ocurre, explicó, «porque no se les integra en la política educativa de ninguna manera».

Hernández propuso una educación centrada en espacios democráticos «donde las personas puedan discutir cuáles tienen que ser precisamente las prioridades», incluyendo centralmente a las y los estudiantes migrantes. También defendió la creación de un servicio universal de cuidados «donde haya comedores, donde haya lavanderías, donde haya verdaderas guarderías y que todas las personas sin importar su nacionalidad puedan tener acceso».

Ronny Castillo, del PACRM, ofreció una perspectiva de inversión estratégica: «El tema de la niñez no es un tema de qué pasaporte tiene. Es un tema de territorialidad. Cualquier niño que esté en este país tiene que tener la oportunidad de formarse. No es una oportunidad que le estamos dando, es también una inversión estratégica de largo plazo».

Advirtió sobre las consecuencias de no actuar: «Si esa persona no la apoyamos de manera correcta, se va a ir al otro lado… al lado de la violencia, de las pandillas, donde ellos sientan un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia se lo están dando los narcos».

Mujeres migrantes: pobreza agravada

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo revelan que entre 2022 y 2024, las mujeres migrantes y refugiadas experimentaron la pobreza con mayor severidad: entre un 10% y 12% más que el promedio nacional.

«La mujer ha estado totalmente desplazada en nuestro país en montones de temas», reconoció Walter Hernández. «En el caso de las mujeres migrantes, además la situación se agrava precisamente por no tener ningún arraigo de ninguna clase, ni familiar, ni laboral ni de estudios».

Propuso ampliar la cobertura de la red de cuidado no solo geográficamente sino también en horarios: «En zonas industriales donde las fábricas trabajan prácticamente 24 horas, esos centros de cuidado tienen que estar instalados 24 horas». También sugirió crear centros de cuidado para personas de la tercera edad, reconociendo que las mujeres «no solamente cuidan a los niños, les toca cuidar a los ancianos».

Marco Rodríguez señaló el problema de fondo: «En la política nacional de cuidado, la mujer es quien tiene el 80% del peso del cuidado de las personas adultas mayores». Su propuesta incluye ampliar las redes de cuidado y los hogares de larga estancia para liberar tiempo de las mujeres para trabajar.

David Hernández, del PT, fue contundente: «La situación de las mujeres migrantes es agregar una opresión más a la que sufren ya de por sí por ser mujeres». Denunció el fracaso en la situación laboral y de seguridad de las mujeres, incluyendo «la cantidad de acoso, de violencia machista, de feminicidios que se vive en este país».

Su propuesta se centra en garantizar acceso universal a vivienda, educación, salud y trabajo digno: «Si no tenemos una economía planificada que piense en las necesidades de las personas, de todas las personas que aportan con su producción a este país, es donde crece la pobreza».

Ana Virginia Calzada insistió en la igualdad de derechos: «Las mujeres migrantes y las mujeres que están establecidas ya en el país tienen los mismos derechos». Su programa incluye fortalecimiento de la red de cuidado y apoyo a pymes lideradas por mujeres durante el primer año con subvención estatal.

Ronny Castillo destacó el rol protector de las mujeres migrantes: «Difícilmente una mujer, especialmente si tiene hijos, va a ser una delincuente. La mujer es protectora del hogar, es generadora de seguridad». Propuso integrarlas al sistema educativo y aprovechar la economía plateada como oportunidad de empleo para mujeres migrantes en servicios de cuidado.

El reconocimiento del aporte

Más allá de los problemas, algunos candidatos reconocieron el valor que la población migrante aporta al país.

Claudio Alpízar, del PEN, fue explícito: «Estamos requiriendo mano de obra en muchas áreas: infraestructura, agro, turismo. Toda esta mano de obra va a ser fundamental para desarrollar y tener un crecimiento del 7%». Además, señaló que con la regularización migratoria «van a haber más recursos para la Caja Costarricense de Seguro Social y para el Estado costarricense para invertir en sus programas sociales».

Roni Castillo compartió su experiencia personal: «La mamá de mi hija es una educadora y ella me cuenta que muchos de los niños son nicaragüenses. Yo creo que es una gran oportunidad que tiene el país para integrar a esas personas de manera correcta a una economía productiva».

Enfatizó la importancia de la educación como eje central: «El 50% del tiempo de esos niños están en su casa, el 50% pasan en los sistemas educativos. Tenemos que trabajar en alimentación, en educación. Si queremos seguridad, si queremos salud, si queremos bienestar, siempre la respuesta es educación».

Propuestas concretas para el cambio

Boris Molina anunció que su gobierno contaría con direcciones específicas para grupos vulnerables, incluyendo una Dirección Nacional de Protección a la Persona Migrante. «Emania Palacios, una nicaragüense que se vino para Costa Rica y que hoy es naturalizada costarricense, va a ser la directora nacional de protección a la persona migrante», reveló. «Es que hay que padecer la vulnerabilidad para saber de lo que estamos hablando».

Claudio Alpízar propuso evolucionar la educación pública para que «las clases sean de 7 a 3, 4 de la tarde para que ese espacio el niño esté en la escuela y los padres puedan tener mucha más libertad para trabajar y dedicarse a otras actividades».

Walter Muñoz planteó la necesidad de «un plan nacional de educación donde le enseñemos a la población costarricense que debe cambiar el chip, los migrantes no son de otro planeta». Además, consideró imprescindibles las alianzas público-privadas con empresas que puedan facilitar trabajo.

Marco Vinicio defendió el fortalecimiento de la empresa privada, el análisis de regionalización para parques industriales y zonas francas, así como mayores recursos para los centros de cuidado (CECUDI) que enfrentan escasez de alimentos y limitaciones de horario.