El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aceptó el retorno de miles de nicaragüenses deportados como parte de una relación económica con Washington que no puede permitirse perder.
Entre 2025 y lo que va de 2026, Nicaragua recibió más de 10.000 personas deportadas desde Estados Unidos sin emitir reclamo ni protesta pública. La actitud contrasta con la retórica antiimperialista que el propio Ortega retomó en las últimas semanas y, revela la doble lógica que sostiene la relación entre Managua y Washington: confrontación en el discurso, dependencia en los hechos.
Según el boletín Perspectivas (edición 192) del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), las transferencias enviadas por nicaragüenses en el exterior “representan el 30% del PIB” del país y, Estados Unidos es “la fuente más importante”. Esa cifra convierte a Washington en un actor del que el régimen no puede prescindir, independientemente de las declaraciones públicas.
Una alerta gubernamental estadounidense identificó además a Nicaragua como corredor migratorio irregular, actividad que habría generado al régimen “más de 43 millones de dólares en 2023” por el cobro de tarifas a personas en tránsito. La investigación de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), concluida en 2025, determinó que Nicaragua violaba derechos laborales y el Estado de derecho, lo que derivó en “la imposición de aranceles progresivos sobre los productos nicaragüenses” a partir de 2026.
Entre sanciones y diatribas: la tensión con Washington escala
A mediados de abril, el Departamento del Tesoro y el Secretario de Estado anunciaron medidas contra siete empresas mineras chinas que operan en Nicaragua, funcionarios del régimen, dos hijos de los co-dictadores —Maurice y Daniel Edmundo— y el viceministro del Interior, Luis Cañas Novoa, “por su participación en violaciones a los derechos humanos“, según detalla el boletín. Desde 2017 y hasta la fecha, el total acumulado asciende a “87 personas y empresas sancionadas”. Solo en lo que va de 2026 se decidieron 19, “a diferencia del 2025 cuando no hubo ninguna”.
La respuesta de Ortega fue pública y cargada: llamó “desquiciado” a Trump, lo acusó de “secuestrar a Nicolás Maduro” y afirmó que “el pueblo había perdido el miedo a las invasiones extranjeras”. Rosario Murillo intentó contener el impacto de las primeras declaraciones atribuyéndolas a “tergiversaciones” de los medios, pero el régimen no pudo sostener esa lectura ante las declaraciones posteriores. Sin embargo, esa misma semana ningún vuelo de deportación fue rechazado.
Para la oposición en el exilio y las organizaciones de derechos humanos que monitorean la situación, la aceptación silenciosa de las deportaciones no es un gesto humanitario sino una concesión política calculada. El boletín de CETCAM advierte que, según distintos observadores, una vez que Washington consolide su posición en Venezuela y avance sobre Cuba, “el régimen de Ortega y Murillo pasaría a ocupar el siguiente lugar en sus prioridades regionales”.
