La represión transnacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no se limita a la vigilancia y las amenazas, sino que llega hasta el asesinato de personas nicaragüenses en el exilio. Así lo advirtió la excarcelada política Samantha Jirón en un artículo de opinión publicado en Diálogo Político.
Jirón es una de las 222 personas presas políticas desterradas y desnacionalizadas el 9 de febrero de 2023. Según su análisis, la comunidad internacional debe reconocer que el exilio ya no garantiza protección automática. Recordó que, desde 2018, la persecución creció de forma progresiva, y citó el informe que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó en Ginebra en marzo de 2026. A eso se suman la anulación de pasaportes y la retención de documentos. Según la autora, a unos 450 nicaragüenses se les ha retirado la nacionalidad.
La analista planteó que el asesinato de Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército, marca un punto de inflexión. Fue asesinado de ocho disparos en su vivienda de Moravia, en San José. Jirón señaló que la investigación judicial vincula el crimen con órdenes desde Managua. Antes hubo otros casos, como el de Rodolfo Rojas en 2022 y los atentados contra Joao Maldonado y Nadia Robleto, que para ella demuestran que no son hechos aislados.
Menos solicitudes de refugio y más salidas hacia EE. UU. y España
Las gráficas que acompañan el texto muestran que las solicitudes de permanencia de nicaragüenses bajo la subcategoría de refugio en Costa Rica pasaron de 52.894 en 2021 a 79.894 en 2022. Luego cayeron a 28.431 en 2023, 23.443 en 2024 y 23.044 en 2025, unos 71 % menos que en el pico de 2022.
Otra gráfica sobre la migración de nicaragüenses desde Costa Rica hacia otros países entre 2023 y 2026 indica que 2024 concentra la mayor parte de las salidas. Estados Unidos es el principal destino, seguido de España. Jirón recordó que más de 1.500 personas refugiadas han sido reasentadas desde 2023 mediante el programa Movilidad Segura, coordinado por ACNUR.
La defensora de derechos humanos valoró que Costa Rica respaldara en febrero de 2026 la resolución sobre Nicaragua en la OEA, pero la calificó de insuficiente si no se traduce en protocolos de protección. También advirtió que el modelo podría trasladarse a otros países, como El Salvador. Criticó además el uso de las notificaciones rojas de Interpol como herramienta de persecución política.
Para Jirón, los sistemas internacionales no fueron diseñados para violaciones que cruzan fronteras. Por eso urge adaptarlos y crear mecanismos de prevención, cooperación judicial y protección centrados en las víctimas.
