En 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles para exigir la renuncia de Daniel Ortega y elecciones libres. La respuesta del Estado fue represión, cárcel y exilio. Jeffrey Jarquín, de 35 años, fue una de esas voces: la semana pasada, tras ser deportado desde Estados Unidos, fue trasladado directamente del avión al penal La Modelo, donde ya había estado preso, según familiares y defensores de derechos humanos.
Jarquín ayudó a ocupar dos universidades públicas y luego se refugió en una pequeña iglesia católica atacada por fuerzas progubernamentales, un episodio que se volvió emblemático de la protesta. Estuvo nueve meses preso y después relató a periodistas e investigadores de derechos humanos que los guardias le quemaron los genitales con colillas de cigarrillo. Fue liberado en 2019, pasó un tiempo en Costa Rica y luego solicitó asilo en Estados Unidos.
En Miami era conocido como un opositor vocal al sandinismo, que solía llevar un megáfono a las protestas. Fue arrestado en febrero por una acusación de agresión que un juez desestimó, pero mientras estuvo detenido las autoridades migratorias iniciaron su proceso de deportación. Un juez le negó el asilo, según sus defensores. Ellos afirman que aceptó ser deportado, pero pidió ser enviado a un tercer país; en cambio, lo subieron a un vuelo a Managua.
“Estados Unidos lo envió a las mismas cárceles donde ya había sido torturado”, dijo Muriel Sáenz, activista que lo representó en una audiencia de fianza. Según ella, Jarquín fue devuelto “a manos de sus verdugos”.
Deportaciones en aumento
Según un análisis de Human Rights Watch (HRW) de datos oficiales, Estados Unidos deportó a más de 6.300 nicaragüenses entre enero y julio de este año, frente a 3.323 en el mismo período de 2025, casi el doble.
Defensores advierten que estas devoluciones podrían violar el principio de no devolución (refoulement), que prohíbe enviar a una persona a un país donde enfrenta persecución o tortura. Además, agentes migratorios han comenzado a arrestar a integrantes del grupo de presos políticos excarcelados en 2023 mediante un acuerdo con el Departamento de Estado.
“Para los deportados nicaragüenses, el riesgo de persecución es real”, afirmó Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW. Ronmell López, amigo de Jarquín, pidió respetar su vida y su seguridad: “Su vida está en peligro en Nicaragua”.
El gobierno nicaragüense no respondió a las consultas sobre el caso. Familiares y amigos dicen no saber cuándo volverán a verlo.
Con información de The Associated Press.
