A sus 59 años, Carlos Alberto Calero Hurtado construyó en Costa Rica lo que la guerra y la dictadura le negaron en Nicaragua: una vida estable. Hoy esa vida está en riesgo de terminar en una celda del régimen que dice temer desde hace más de cuatro décadas.
En Nicaragua, oponerse al poder tiene un precio que se mide en cárcel, tortura y desaparición. Desde 2018, más de 2.000 personas han sido procesadas por motivos políticos, y organismos internacionales sitúan al país entre los de mayor riesgo de tortura en América. Dos opositores nicaragüenses exiliados han sido asesinados en territorio costarricense, y un compañero de organización de Calero ha enfrentado ya dos intentos de asesinato.
Calero es originario de Morrito, Río San Juan. En los años 80 integró la Resistencia Nicaragüense como operador de radiocomunicación y resultó herido de bala en un brazo. Al desmovilizarse, permaneció en Nicaragua mientras pudo, pero la inseguridad que enfrentaban sus excompañeros lo llevó a migrar a Costa Rica en 2001. Allí se asentó en zonas fronterizas, formó pareja desde hace trece años, tiene hijos y se ganó la vida como jornalero agrícola.
De una cita para regularizarse a una celda en Heredia
El 7 de abril de 2026, Calero acudió voluntariamente a la Unidad de Refugio en Ciudad Quesada para resolver su situación migratoria. En vez de una solución, encontró una detención: fue trasladado a un centro penitenciario en Heredia, donde permanece desde entonces. La Comisión de Visas Restringidas y Refugio le negó el refugio y, el 7 de agosto, rechazó también su recurso de apelación. El expediente pasa ahora al Tribunal Administrativo Migratorio (TAM), que deberá emitir una resolución definitiva.
Ante ese riesgo, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) encabezó la articulación de dieciocho organizaciones sociales y políticas nicaragüenses en el exilio, que este 23 de septiembre se plantaron frente al Ministerio de Gobernación y Policía, en San José, con una carta dirigida al TAM. Según informó GREX en su nota de prensa, la delegación llegó cerca de las 10:00 a.m. con un cartel y banderas de Nicaragua, y la documentación fue recibida por funcionarios a las 10:35 a.m., de manos de un equipo integrado por Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más; el teólogo Javier Torrez Bermúdez, y Raúl Llanos.
“Nos sumamos en una sola voz [por] la no deportación del señor Carlos Calero Hurtado a Nicaragua, puesto que su vida podría estar en grave riesgo”, declaró Marenco.
Las organizaciones citan el caso de Douglas Gamaliel Álvarez Morales, extraditado en 2024 y hoy en situación de desaparición forzada en una cárcel nicaragüense, como advertencia de lo que podría ocurrirle a Calero. En contraste, recuerdan que Reinaldo Picado Miranda —detenido en circunstancias similares— obtuvo refugio del TAM en 2025.
La petición se sostiene en el principio de no devolución, reconocido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o libertad corran peligro. “Nicaragua es un país donde se practica sistemáticamente la tortura”, sentenció GREX al cierre de su comunicado.
