“O sea, no éramos ya nadie en Nicaragua”, recuerda Samantha Jirón, estudiante de periodismo y ex presa política. Se enteró de que había perdido su nacionalidad en pleno vuelo, en febrero de 2023, cuando la sacaron de la cárcel junto con otras 221 personas y las enviaron a Estados Unidos. Según cuenta, durante el trayecto se leyó en televisión nacional que serían desnacionalizadas y que perdían “todos nuestros derechos ciudadanos”.
En ese momento no había espacio para entender lo que significaba. Jirón “acababa de cumplir 23” y llevaba preso desde 2021. “Yo no tengo familia, yo no sabía dónde iba a ir”, relata. Pasó sus primeros días en Washington en un hotel, “sin nada más”.
Su historia es una entre cientos de personas desnacionalizadas, en apatridia de facto. A ellas se suman quienes conservan la nacionalidad en papel pero no pueden ejercerla, porque no tienen consulado, pasaporte vigente ni posibilidad de volver, y viven en apatridia de facto. Una encuesta digital aplicada entre septiembre de 2025 y enero de 2026 a 41 nicaragüenses en Estados Unidos, México, Costa Rica, España y Guatemala documenta cómo se vive esa pérdida de identidad jurídica. Por su tamaño, los resultados describen a la muestra y no al total de personas afectadas.
Solo una de esas personas logró un resultado positivo en gestiones consulares. Las demás recibieron silencio o negativas. Casi la mitad (48.7%) evita el consulado por temor a represalias, una “barrera del miedo”, según el informe. El 71% siente que ya no es reconocido como nacional y el 90% se ubica en riesgo de apatridia de facto.
Una represión que cruza fronteras
Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sitúa el origen en 2018, cuando las protestas dieron paso al cierre de medios, organizaciones y espacios democráticos. Según el informe sobre desplazamiento forzado de su colectivo, probablemente más de 850.000 nicaragüenses viven hoy en el exilio, en su mayoría menores de 40 años.
Para Abarca, la persecución no terminó con la salida del país:
“la represión ahora se ha vuelto transnacional”. Propone hablar de “violaciones de derechos humanos transnacionales”, porque la dictadura “continúa violentando derechos humanos ahora a las personas que estamos en el exilio”.
Una de sus formas es la desnacionalización, que describe como “muerte civil”. Según Abarca, “más de 450 personas se encuentran en situación de apatridia de facto”: el grupo de 222, otro de 94, uno de 135 enviado a Guatemala y los sacerdotes enviados al Vaticano. Como en algunos casos sus nombres no aparecen en resoluciones públicas, “es muy difícil demostrar que son de este grupo” al intentar acceder a otra nacionalidad.
La segunda forma es la represión contra los familiares.
“Como no pueden ir contra la persona en el exilio, van contra su entorno familiar en Nicaragua”, explica.
La encuesta lo refleja: algunas personas han reducido su visibilidad pública y hasta se han distanciado de sus propios vínculos familiares para proteger a quienes se quedaron.
Sin regreso y con otra nacionalidad como salida
Cerca del 24% de los encuestados intentó volver a Nicaragua y se le negó el ingreso. El informe identifica seis casos en los que aerolíneas impidieron el embarque por instrucciones del gobierno, una práctica que, según el documento, “traslada la frontera fuera del territorio nacional”. Abarca recuerda además las expulsiones directas a la frontera con Costa Rica, a personas que salieron “con lo puesto”.
La falta de documentos vigentes pesa en lo cotidiano. Más de un tercio tiene el pasaporte vencido, lo que limita viajar, reunirse con la familia y trabajar. El 12% reporta dificultades para abrir o mantener cuentas bancarias.
Por eso el 75% considera que lo más urgente es obtener otra nacionalidad, por encima de renovar sus documentos nicaragüenses (46%).
“La confianza en el Estado de origen se ha perdido”, afirma el informe,
que pide a los países de acogida naturalización acelerada, regularización extraordinaria y movilidad segura, y replicar la iniciativa de España de conceder ciudadanía a nicaragüenses desnacionalizados.
