Más de 800.000 nicaragüenses han salido de su país desde 2018, según estima la ONU. Huyeron de la represión, pero para algunos no terminó en la frontera: los atentados, la vigilancia y las notificaciones de Interpol los han seguido hasta el exilio.
“Esta represión ha cruzado la frontera de Nicaragua”, advierte Yader Valdivia, coordinador de documentación y acompañamiento del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que registra las violaciones cometidas contra quienes participaron en las protestas de abril de 2018. Costa Rica ha sido el principal foco, aunque el colectivo también ha documentado casos en Honduras, España, Guatemala y México.
Según Valdivia, las violaciones incluyen vigilancia, seguimiento, amenazas, persecución y agresiones, hasta atentados que han llegado a ejecuciones en Costa Rica y Honduras. A eso se suman el impedimento de ingreso a Nicaragua, la negativa de documentos en el exterior y el hostigamiento a familiares que permanecen en el país.
“El derecho internacional de protección en otros países no ha sido suficiente para poder proteger a las personas nicaragüenses”, afirma. Las consecuencias, subraya, son graves sobre todo para las víctimas.
Por eso, plantea, es necesario analizar hasta dónde el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo influye en la soberanía de los países que han acogido a las personas refugiadas.
El informe más reciente de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), fechado el 13 de agosto de 2026, confirma ese panorama. Describe “un patrón más amplio de represión transnacional”, documenta el asesinato en el exilio del oficial retirado Roberto Samcam y registra al menos 41 casos de personas a quienes se les negó la entrada a su propio país y 19 de pasaportes, partidas de nacimiento o títulos denegados. Advierte, además, que “es probable que el número total de casos sea considerablemente superior al notificado”, porque “muchos dejan de denunciarse por temor a represalias”.
Las notificaciones de Interpol contra campesinos refugiados
En Costa Rica, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) acompaña otra forma de persecución: la de campesinos radicados en el país contra quienes Nicaragua ha impulsado notificaciones de Interpol. Según el grupo, son seis personas vinculadas a una acusación por un ataque a policías en Río San Juan. Sostiene que la versión oficial primero señaló a terceros y luego cambió para involucrarlas a ellas. Para el GREX se trata de una sanción contra campesinos que el Gobierno considera “potencialmente peligrosos” por su experiencia militar, y las alertas de Interpol, afirma, son “simplemente un mecanismo” para sostener esas acusaciones.
El primer caso, el de Douglas Gamaliel Álvarez Morales, terminó en extradición. Para el GREX fue “un gravísimo error del sistema judicial costarricense”, que atribuye a un aparente desconocimiento de la realidad jurídica de Nicaragua y a la falta de organización de la defensa. Con Reinaldo Picado Miranda, dicen, ya había una acción coordinada de varias organizaciones: obtuvo refugio tras más de tres años detenido y, según el grupo, sufrió después dos atentados, el último de los cuales puso en riesgo su vida.
Pedro Javier Fernández Sandoval estuvo casi nueve meses detenido, con la angustia de toda su familia en Costa Rica. El GREX sostiene que la acusación en su contra carecía de sustento. En febrero de 2026, el tribunal de apelación de Costa Rica desestimó su extradición y ordenó que cualquier proceso penal se lleve bajo jurisdicción costarricense, un caso que también recoge la ONU, cuyo informe advierte que, de haber sido extraditado, “podría haber corrido el riesgo de sufrir tortura o de ser víctima de desaparición forzada”. El GREX destaca que varias organizaciones fueron aceptadas como coadyuvantes y pudieron presentar un segundo documento al tribunal. Hoy enfrenta su proceso en libertad.
Otros casos siguen abiertos. Tres de los campesinos viven en situación irregular, escondiéndose mientras las organizaciones buscan una salida. Carlos Alberto Calero enfrenta un proceso de deportación ante el Tribunal Administrativo Migratorio. Y Wagner Ruiz fue deportado en 2021 y hoy está preso en Nicaragua, según el grupo.
El GREX vincula a varios de ellos con la Resistencia Campesina Azul y Blanco, creada en Costa Rica en 2018, y con la antigua Resistencia Nicaragüense de los años 80. Para el grupo, cada caso envía “una señal” al resto del campesinado y afecta directamente a las familias. Ninguno migró hacia Estados Unidos: viven cerca de la frontera y mantienen vínculos con sus seres queridos.
“Han luchado por mantener su forma de vida, su estilo de vida, nada más que al otro lado de la frontera”, resume el grupo.
