El gobierno de Laura Fernández Delgado anunció una reforma a la Ley de Migración y Extranjería como parte de su estrategia nacional contra el crimen organizado, luego de una sesión del operativo Fuerza Élite en la que la zona de Crucitas fue señalada como un punto crítico de ingreso irregular. La propuesta ya genera alertas entre especialistas en derecho migratorio.
La presidenta informó que instruyó al director de Migración y Extranjería para preparar los cambios legislativos, que serán presentados ante la Asamblea Legislativa como parte de un paquete de proyectos de seguridad.
“Esa reforma estará lista muy pronto”, afirmó Fernández Delgado, sin precisar fechas exactas ni el contenido específico de las modificaciones.
Durante la sesión, el gobierno presentó como argumento central la existencia de personas detenidas y deportadas hasta 70 veces, citando casos de personas nicaragüenses y de otras nacionalidades que ingresan de manera irregular por Crucitas, en la frontera norte.
Jhoswel Antonio Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), explicó a EntrePatrias el camino legislativo que deberá recorrer la propuesta. Según Martínez, lo más probable es que el proyecto sea remitido a la Comisión de Seguridad de la Asamblea, donde deberá someterse a consultas técnicas con distintas instancias. De aprobarse en comisión, generará informes de mayoría y minoría que pasarán al plenario para dos discusiones y aprobaciones sucesivas.
“La sociedad civil podrá también, a través de los diputados, presentar consultas y mociones según corresponda”, señaló.
Sobre el perfil de las personas reiteradamente deportadas, Martínez distinguió entre quienes buscan protección internacional y quienes, a su juicio, ingresan para participar en actividades como la minería ilegal.
“Si fuesen necesitadas de protección internacional, podrían haber solicitado refugio”, afirmó, y agregó que el Estado tiene la facultad de deportar o iniciar procesos judiciales según cada caso.
Una reforma que debe respetar derechos, no solo atacar la inseguridad
Al analizar los riesgos de enmarcar la reforma dentro de un paquete de seguridad, Martínez fue más cauteloso. Reconoció que los Estados tienen soberanía para definir su política migratoria, pero advirtió que abordarla desde una lógica de seguridad puede implicar ceder derechos. Entre sus principales preocupaciones señaló la posibilidad de que un mayor control de ingresos irregulares termine cerrando puertas a personas que buscan protección internacional.
“Habrá que ver cuál sería el mecanismo que se utilizaría”, dijo, y subrayó que cualquier reforma debe ser integradora: “Un todo integrador que no solamente ataque la inseguridad directamente, sino que también vea el respeto a los derechos dentro del marco de esta reforma”.
Para presionar a la Asamblea Legislativa, Fernández Delgado convocó a los diputados a visitar Crucitas el próximo 19 de junio. El recorrido se realizará a pie para que los legisladores conozcan de primera mano las condiciones que enfrentan las autoridades en la zona. La presidenta cuestionó a quienes se oponen a posibles medidas sin haber visitado el lugar y afirmó que es momento de actuar ante los problemas de seguridad y minería ilegal que persisten en la región.
La sesión contó con la participación de Michael Soto, director del OIJ, pero estuvo marcada por la ausencia del Fiscal General Carlo Díaz y otros representantes del Poder Judicial, lo que generó cuestionamientos sobre la coordinación institucional en materia de seguridad.
