Junio de 2026 marcó el peor mes del año en deportaciones hacia Haití: 26.399 personas fueron devueltas al país, la mayoría desde República Dominicana. La cifra confirma una tendencia al alza que preocupa a organizaciones humanitarias, no solo por el volumen, sino por quiénes está afectando.
De acuerdo con el reporte de Mixed Migration Centre (MMC) titulado “Quarterly Mixed Migration Update: América Latina y el Caribe, T2 2026”, se siguen denunciando abusos en el proceso, “incluida la deportación de personas registradas, enfermas, mujeres embarazadas y menores no acompañados”. El ritmo mensual de expulsiones pasó de un promedio de 22.741 en el primer trimestre a 24.442 en el segundo.
En el Caribe marítimo, las historias se repiten: en junio, 240 personas haitianas fueron interceptadas en una embarcación que hacía agua a 15 millas de Turcas y Caicos. Entre abril y junio, decenas más —incluidos bebés venezolanos— fueron detenidas en rutas similares cerca de Trinidad y Tobago y Puerto Rico.
Mientras tanto, en México, quienes logran llegar enfrentan otro tipo de espera. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) perdió cerca del 60% de su presupuesto tras recortes del ACNUR, y las personas solicitantes de asilo ahora esperan hasta 10 meses solo para presentar formalmente su caso, según cifras de la Red Jesuita con Migrantes citadas en el mismo informe.
En contraste, los cruces por el Tapón del Darién y la ruta hondureña se mantienen en mínimos históricos: apenas 43 y 2.157 registros mensuales respectivamente, muy por debajo de los niveles de 2025.
El informe deja una conclusión clara: mientras las rutas terrestres tradicionales se reducen, la presión se traslada hacia el mar y hacia los procesos de deportación, donde los controles de protección a personas vulnerables parecen ser insuficientes.
