La Defensoría de los Habitantes alertó sobre una crisis estructural en los trámites migratorios de Costa Rica. Un día después, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) negó esa crisis y presentó un recurso contra el informe. En medio de esa disputa institucional, personas migrantes narran esperas de hasta una década por respuestas que definen su acceso a derechos básicos — y sus historias no coinciden con la versión de Migración.
Para miles de personas, el atraso no es solo burocrático: la cédula de identidad migratoria (DIMEX) es el último eslabón para acceder al aseguramiento, la salud, la educación, el trabajo formal y trámites bancarios o municipales. Sin ese documento, o sin una resolución sobre su condición migratoria, la integración a la sociedad costarricense queda suspendida indefinidamente.
Los hallazgos de la Defensoría
El informe de oficio, publicado el 19 de agosto, concluyó que la DGME atraviesa “una crisis estructural” que provoca “una mora significativa en la resolución de trámites migratorios”. El proceso completo de recepción y resolución de solicitudes recae en cuatro unidades: Plataforma de Servicios, Archivo, Documentación y Valoración Técnica. Solo en la Plataforma de Servicios se reciben cada mes cerca de 650 solicitudes nuevas y 1.300 consultas sobre trámites en curso.
La Unidad de Archivo registró, entre enero y mayo de 2026, 11.507 expedientes ingresados para notificación, 9.026 solicitudes de previos y 102.434 trámites administrativos pendientes de resolución. La plataforma “Trámite Ya”, que opera las 24 horas y recibe entre 400 y 500 solicitudes al mes, arrastra un año de retraso en sus respuestas. El seguimiento incluyó también el proceso de obtención de documentos de identidad y las atenciones presenciales para grupos prioritarios: personas adultas mayores, con discapacidad, menores de edad, personas privadas de libertad y víctimas de trata de personas.
A esto se suma un cuello de botella en la producción de documentos: existen 7.000 DIMEX pendientes de impresión, porque una sola persona concentra la impresión, distribución y envío de estos documentos a todas las oficinas regionales del país. En la Unidad de Valoración Técnica, unas 25 personas funcionarias cargan con aproximadamente 1.500 casos pendientes cada una, lo que la Defensoría describe como “una sobrecarga estructural incompatible con una atención oportuna”. La institución atribuye la crisis a la “insuficiencia de recurso humano, limitaciones presupuestarias, deficiencias en los sistemas de información” y el aumento sostenido de solicitudes de regularización, y emitió 10 recomendaciones a la DGME.
La respuesta de Migración
Omer Badilla, viceministro de Gobernación y director de la DGME, rechazó el diagnóstico. Explicó que la Defensoría emitió su informe recomendativo el 6 de agosto, y que la institución presentó un recurso de reconsideración el 18 de agosto, un día antes de que se publicara el comunicado de prensa. Según Badilla, los datos citados en el informe corresponden al año 2025 y no reflejan la situación actual: “al día de hoy los números que dice la Defensoría de los Habitantes han tenido una reducción del 80%”, afirmó. Calificó además las recomendaciones como una “evidente coadministración” y fue enfático: “no vamos a tolerar que la Defensoría nos imponga cómo trabajar el tema del recurso humano, la asignación presupuestaria, las horas extras y los movimientos de personal”.
Esa cifra —una reducción del 80%— es la que las historias de Ricardo Zeas y Lucía Denis, ambos exiliados nicaragüenses, ponen en entredicho.
Zeas inició su trámite de refugio en octubre de 2022, luego de verse obligado a abandonar sus estudios en Nicaragua “por presión de la dictadura sandinista”. Casi cuatro años después, solo ha recibido el carnet de solicitante: “mi caso de revisión lo dejaron hasta 2033”. La última respuesta que tuvo de Migración fue una reposición de ese carnet por dos años más —sin resolver su caso de fondo—, que vuelve a vencer en febrero de 2027. Ha logrado trabajar de forma formal, pero el acceso a la salud sigue bloqueado por no contar con seguro, y solo pudo continuar sus estudios universitarios “por la intervención de actores clave”. “Estoy en el aire”, resume.
Denis, por su parte, gestionó su trámite de DIMEX en 2025 y en enero de 2026 recibió una negativa: Migración le informó que no podía optar al documento por estar en proceso de solicitud de refugio. Pide a la institución “que revise muy bien los casos de cada persona, porque hay personas que sí de verdad necesitan el DIMEX”, y que agilice los tiempos tanto para quienes renuevan documentos como para “las personas nuevas que solicitan”, pues en ambos casos “el tiempo de espera que le dan es demasiado”.
Los números que Migración usa para decir que la crisis quedó atrás no aparecen en las historias de quienes siguen esperando. Mientras las instituciones discuten cifras y recursos de reconsideración, personas como Ricardo y Lucía siguen sin una fecha cierta para saber qué será de su vida en Costa Rica.
