En Costa Rica, generar ingresos dignos todavía depende en buena medida de un documento: la categoría migratoria. Así se planteó en el conversatorio sobre integración económica realizado en el Centro Cultural de España, quinto del ciclo “Mover un país”, con el Servicio Jesuita para Personas Migrantes (SJM) como organizador.
Diana Furcal, del equipo legal del SJM, explicó que una persona en condición irregular o con cita pendiente para solicitar refugio no puede acceder a empleos formales ni a permisos de emprendimiento. Eso no significa que no trabaje: “todas y todos necesitamos comer”, dijo, pero queda empujada a la informalidad. Incluso con permiso, hay empresas que no contratan porque el carnet es provisional.
Jopsan Espinoza, refugiado nicaragüense y gestor de Casa Calala, vivió esa espera. Tras pedir refugio tuvo que aguardar tres meses más para obtener permiso laboral.
“Mi principal barrera siempre ha sido Migración”, afirmó.
Años después, la tardanza en renovar su DIMEX congeló su acceso bancario. Por eso propuso cambiar la pregunta: no solo qué aportan las personas migrantes, sino “qué condiciones le está dando el país” para que se desarrollen.
Carolina Picado, de FLACSO Costa Rica, recordó que el FMI estimó en 2023 que el 6,5 % del PIB proviene del trabajo de personas extranjeras, cifra que pidió “tomar con pinzas”. Describió a mujeres que madrugan para hacer fila en una toma clandestina de agua antes de salir a emprender.
“Romantizamos el emprendimiento, pero no todas están compitiendo en las mismas condiciones”, advirtió.
Alejandro Ubau, de Cenderos, que trabaja en Upala y Los Chiles, defendió el concepto de “iniciativas económicas”: primero la estabilidad emocional, luego la seguridad alimentaria familiar y, al final, la comercialización.
A las trabas migratorias se suma el reconocimiento de títulos. Furcal indicó que el trámite exige documentos que muchas personas desplazadas no pudieron traer. Un convenio de 2015 entre ACNUR, Migración y CONARE para un procedimiento especial, dijo, “tras 10 años no se ha concretado”.
Regularización migratoria en Costa Rica: avances en 2026
A inicios de junio, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) estableció una categoría especial temporal para personas de Colombia, Venezuela, Nicaragua y Cuba cuyas solicitudes de refugio siguen pendientes, fueron declaradas infundadas o denegadas. Podrán acogerse quienes pidieron refugio entre el 1 de junio de 2014 y el 7 de mayo de 2026; las solicitudes se recibirán del 1 de setiembre de 2026 al 1 de setiembre de 2027. La DGME estimó que se beneficiarían unas 10.480 personas. Su director, Omer Badilla, explicó que esas cuatro nacionalidades reúnen el 90 % de las solicitudes.
El 1 de julio, la Unión Europea lanzó el programa HOPE, con 10 millones de euros para la regularización, protección e inclusión socioeconómica de personas desplazadas y migrantes, en un acto en la Unidad de Refugio de la DGME. Y en abril, una alianza de organizaciones presentó en la Asamblea Legislativa propuestas para mejorar la integración de personas refugiadas y solicitantes de refugio, que calculó en más de 200.000 las personas en espera de resolución, con un promedio superior a cinco años.
Furcal recordó que el informe del SJM plantea reformar la Ley General de Migración para incluir la palabra “refugiado” en el acceso a derechos de permanencia.
Picado fue tajante: “Hoy en día un requisito administrativo en Costa Rica está superior a un derecho humano”.
Ubau pidió convertir las experiencias locales en política pública, porque “ninguna organización está para sustituir al Estado”.
