Huyeron de la persecución política en Nicaragua buscando una sola cosa: estar a salvo. Llegaron a Costa Rica, un país que durante décadas ha acogido a nicaragüenses, y aquí, en su vivienda de Moravia, mataron a Roberto Samcam. Hoy su viuda, Claudia Vargas, se niega a aceptar que la justicia termine donde la Fiscalía decidió detenerse.
El 5 de octubre de 2026, la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José ordenó el archivo fiscal de la causa por homicidio calificado, al no contar con elementos suficientes para identificar a quien ordenó el crimen. La resolución, firmada por la fiscal auxiliar Karla Mariana Chaves Pérez con base en informes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aclara que la investigación se reabrirá si surgen nuevos datos.
Pie: Resolución de archivo fiscal del expediente 26-002865-0175-PE, emitida el 5 de octubre de 2026. Fuente: Ministerio Público / Poder Judicial de Costa Rica.
«Nuestra familia salió de Nicaragua huyendo de la persecución política, buscando en Costa Rica la protección y la seguridad que nuestro país no nos ofrecía», dijo Vargas a Entrepatrias. «Y aun así, Roberto fue asesinado aquí, en el país en el que supuestamente estábamos a salvo, en refugio». Que hoy se archive la investigación sobre quién ordenó su asesinato, sin esclarecer la autoría intelectual, le resulta «profundamente doloroso y muy preocupante».
Para Vargas, lo ocurrido va más allá de un expediente. «No estamos hablando únicamente de una investigación judicial que se cierra de manera inconclusa, sino de un crimen que tiene implicaciones para la seguridad de todas las personas que hemos sido forzadas al exilio y que hemos tomado la decisión de resguardarnos en Costa Rica», afirmó.
El asesinato de Roberto, dijo, recuerda que «cruzar la frontera no necesariamente significa estar a salvo» y que el refugio no puede ser solo un territorio al que se llega, «debe ser también un espacio donde existan garantías reales de protección, de seguridad y de acceso a justicia, porque también en el exilio necesitamos justicia».
Vargas reconoce y agradece la protección que Costa Rica ha brindado históricamente a las personas nicaragüenses, desde hace muchas décadas. Por eso, sostiene, el caso debe investigarse hasta esclarecer toda la cadena de responsabilidades.
Valora los avances del OIJ en la identificación de presuntos responsables materiales y subraya que son importantes. Pero insiste en que no bastan: «La justicia no puede detenerse ahí». Para ella, hay que reunir evidencias que lleven hasta la estructura que hizo posible el asesinato. «Necesitamos saber quién ordenó, quién lo financió y quién lo planificó».
Sostiene que el caso no puede investigarse al margen de la persecución política contra las personas nicaragüenses ni de las amenazas y agresiones que han trascendido la frontera. Según indicó, Costa Rica tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación, incluida la hipótesis de represión transnacional que surgió desde el inicio, y de recurrir a los mecanismos de cooperación internacional necesarios.
Una amenaza que también desafía a Costa Rica
La familia plantea que el asunto trasciende a las víctimas. «La represión transnacional no constituye solamente una amenaza contra las personas exiliadas, también representa un desafío para la soberanía, la seguridad y el estado de derecho de este país que nos está acogiendo», dijo Vargas. A su juicio, hay estructuras criminales vinculadas a intereses políticos extranjeros, y el vínculo entre la dictadura y las estructuras criminales locales debe estudiarse a profundidad.
«No estamos únicamente frente a una violación de derechos humanos. Estamos frente a una amenaza que compromete la seguridad del propio Estado de Costa Rica».
Samcam era mayor retirado del Ejército de Nicaragua. Vivía en Costa Rica desde 2018, tras denunciar públicamente la represión estatal, y en 2023 el régimen le quitó la nacionalidad. Según el Grupo de Expertos de la ONU, el agresor entró a su casa con el pretexto de entregar un paquete y le disparó ocho veces. La policía judicial costarricense habló de «motivos ideológicos» en el crimen, según la AFP.
Organizaciones y expertos no lo ven como un caso aislado. La ONU documentó una docena de crímenes o intentos de asesinato contra exiliados nicaragüenses en los últimos cinco años. En Costa Rica, Joao Maldonado sobrevivió a dos atentados, en 2021 y 2024, con 13 impactos de bala, y en Honduras Rodolfo Rojas Cordero fue hallado muerto en 2022. La excarcelada política Samantha Jirón advierte, en un análisis recogido por Entrepatrias, que la represión transnacional ya llega hasta el asesinato.
Que el archivo no se convierta en impunidad
Vargas asegura que la decisión de archivar fue recibida con profunda preocupación e indignación por la comunidad exiliada.
«No puede ser posible que incluso después de huir de la persecución política de Nicaragua y de buscar protección en otro país, podamos seguir siendo vulnerables y que quienes ordenan estos crímenes queden impunes. Eso es inaceptable».
Advierte también contra otro mensaje: que se pueda cometer un asesinato político en territorio costarricense sin que se llegue hasta quienes lo ordenaron, solo a los autores materiales. «Eso, para nosotros, es inaceptable».
La familia pide al Ministerio Público reconsiderar la decisión, agotar todas las diligencias pendientes, fortalecer la cooperación internacional y continuar hasta identificar a los responsables intelectuales. «Que el archivo no se convierta en la práctica en una forma de impunidad».
«Nuestra familia no está pidiendo privilegio. Estamos exigiendo verdad, justicia y garantía de no repetición», afirmó.
Recordó que es un compromiso de Costa Rica con la democracia misma y con su estado de derecho. «No queremos que ninguna otra familia tenga que salir huyendo de la persecución política para terminar enfrentando la violencia en un lugar en el que busca refugio. Esa es una responsabilidad que tiene Costa Rica como país de acogida».
Vargas cerró con un mensaje que, dijo, ha repetido muchas veces: «No vamos a aceptar que la justicia por Roberto termine en los autores materiales. Si la represión transnacional está cruzando la frontera para atentar contra la vida de refugiados políticos en otros países, la justicia tiene que encontrar las formas. La justicia también tiene que cruzar las fronteras».
Para la comunidad exiliada y para su familia, afirmó, esto es un tema «no negociable»:
«Si la represión está cruzando la frontera, la justicia también deberá hacerlo».
