Cada año, miles de personas guatemaltecas regresan al país —algunas deportadas, otras de manera voluntaria— y se encuentran con instituciones que no están preparadas para recibirlas. Así lo documenta el Policy Brief El retorno de la migración a Guatemala: Reflexión, futuro y propuesta, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES) y publicado en febrero de 2026 como parte de la Alianza de Investigación en Centroamérica (CARA).
Los dos países desde donde regresan casi todas las personas guatemaltecas son Estados Unidos y México. Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Guatemala cerró 2025 con alrededor de 55.000 personas deportadas desde ambos países —aproximadamente 48.000 desde Estados Unidos y el resto desde México—, un 23% menos que en 2024, cuando la cifra total llegó a 76.768. La reducción no implica alivio: hasta noviembre de 2024 existían más de 253.000 órdenes finales de deportación vigentes contra personas guatemaltecas en Estados Unidos, una cifra que crece a diario. La mayoría de quienes regresan provienen de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, departamentos con población mayoritariamente indígena y con acceso limitado a servicios públicos.
El estudio, realizado entre marzo y noviembre de 2025 en los municipios de San Pedro La Laguna (Occidente), Palín (Centro) y Monjas (Oriente), combina análisis territorial con entrevistas a instituciones nacionales, organizaciones sociales y cooperación internacional. Sus hallazgos dibujan un escenario en el que la reintegración descansa, en gran medida, sobre las familias y las redes comunitarias —no sobre el Estado.
Lo que encontró la investigación en el territorio
La realidad del retorno no es igual en todo el país. En San Pedro La Laguna, la migración internacional es parte estructural de la vida comunitaria y las remesas funcionan como sostén económico esencial. En Palín, la cercanía con la capital genera un mercado laboral más activo pero también más competitivo. Y en Monjas, las personas retornadas llegan a territorios marcados por la pobreza, la escasa diversificación productiva y servicios públicos insuficientes.
En los tres contextos, el diagnóstico coincide: las municipalidades reciben personas retornadas “sin contar con mecanismos institucionalizados y específicos de acompañamiento”. No hay registros estandarizados, no hay rutas claras de atención y la información no fluye de manera oportuna entre el nivel nacional y el local.
A nivel de institucionalidad nacional, la investigación identifica que el sistema “opera desde enfoques sectoriales que presentan limitaciones en términos de coordinación interinstitucional”. Las instituciones públicas consultadas reconocen los avances, pero también la necesidad de mejorar: “la respuesta institucional aún no logra adaptarse plenamente a las necesidades específicas de cada territorio”.
El estudio señala además que “la reintegración continúa dependiendo principalmente del apoyo familiar y comunitario”, lo que evidencia la ausencia de un acompañamiento público más estructurado. Las oportunidades económicas para las personas retornadas, agrega el documento, “aún son limitadas en varios territorios, lo que dificulta procesos de reintegración sostenibles.”
Frente a este escenario, INCEDES propone una visión estratégica al 2030 orientada a construir “un sistema nacional de reintegración fortalecido, articulado y sostenible”, organizado en cuatro ejes: gobernanza institucional, inserción económica y empleabilidad, reintegración social y psicosocial, e información y monitoreo.
Entre las acciones inmediatas que identifica el documento —y que no requieren reformas legales complejas— se incluyen la creación de puntos focales municipales de reintegración, el desarrollo de un registro básico de personas retornadas y el fortalecimiento de rutas de apoyo psicosocial articuladas con actores locales.
El documento concluye que lo que existe no es una ausencia del Estado, sino “una oportunidad estratégica para consolidar y mejorar la arquitectura pública del país en materia de reintegración de personas migrantes desde un enfoque territorial y de largo plazo”. Una oportunidad que, advierten sus autoras y autores, requiere decisión política para no seguir postergándose.
