Justicia migratoria en Costa Rica: la brecha entre el papel y la realidad

• Informe del Estado de la Nación revela que pese a contar con 264 medidas para proteger a población migrante, el desconocimiento del personal judicial obstaculiza su implementación

Costa Rica enfrenta un desafío paradójico en materia de justicia migratoria: mientras cuenta con una abundante normativa para proteger los derechos de migrantes y refugiados, la implementación efectiva de estas medidas sigue siendo deficiente.

Un reciente informe del Estado de la Nación sobre el acceso a la justicia para población migrante y refugiada evidencia que existe una «abundancia de iniciativas judiciales» que contrasta con un «bajo nivel de cumplimiento», según documenta el estudio.

El contexto migratorio costarricense justifica esta preocupación. Costa Rica siguió siendo el segundo destino de los nicaragüenses migrantes, aunque la cantidad de solicitudes de asilo descendió de más de 28,000 en 2023 a 21,710 entre enero y noviembre de 2024, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Además, se registraron más de 296,000 nicaragüenses residiendo en el país centroamericano, lo que convierte a esta población en el grupo migratorio más numeroso.

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El Poder Judicial ha mostrado dinamismo normativo al aprobar 264 acciones entre 2010 y 2023 para asegurar el acceso a la justicia de migrantes y refugiados. Entre estas medidas destaca la Política Institucional para el Acceso a la Justicia de Población Migrante y Refugiada (PIMR), aprobada en 2010, además de múltiples iniciativas de información, sensibilización y capacitación.

Sin embargo, el informe revela un hallazgo crítico que explica la brecha entre teoría y práctica: «el personal que atiende población migrante y refugiada no conoce la normativa producida por el Poder Judicial para esta materia».

Esta falta de conocimiento generalizado entre jueces, personal técnico y de seguridad, incluso en zonas con alta concentración de población migrante, conduce a una aplicación inconsistente de las directrices diseñadas para facilitar el acceso a la justicia. La movilidad de las personas migrantes también complica aspectos básicos como la notificación en procesos judiciales, llevando a situaciones como la prisión preventiva de forma discriminatoria por falta de arraigo.

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Otro aspecto preocupante documentado por el estudio es la evolución reciente en la jurisprudencia constitucional. Mientras históricamente la Sala Constitucional ofreció respuestas expeditas ante la mora administrativa en la DGME, las resoluciones actuales tienden a remitir estas controversias a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Este cambio, según el informe, «agrava la situación de las personas migrantes, quienes enfrentan procesos más largos, costos asociados a la representación legal y un acceso limitado a soluciones inmediatas». Esta nueva orientación contradice la necesidad de «respuestas institucionales expeditas y con brevedad» que requiere la población en movilidad.

El problema migratorio, al ser multidimensional, exige una «escasa interinstitucionalidad» en la práctica. A pesar de que la PIMR contempla la articulación con otras entidades, esta coordinación a menudo depende del liderazgo local y no es una constante en todas las oficinas judiciales.

Barreras externas como la vulnerabilidad socioeconómica, las distancias geográficas y la falta de asesoría jurídica adecuada se suman a las dificultades, impidiendo que esta población denuncie abusos o acceda a servicios básicos, incluso cuando la justicia es formalmente gratuita.

Propuestas para cerrar la brecha

El estudio concluye que si bien Costa Rica ha establecido las bases formales para proteger los derechos de migrantes y refugiados, el sistema de justicia enfrenta retos significativos para superar barreras estructurales en la implementación y garantizar una tutela efectiva de sus derechos humanos.

Las recomendaciones del informe apuntan a tres ejes fundamentales: una mejor divulgación y capacitación del personal judicial para asegurar el conocimiento de la normativa específica, una simplificación de trámites que facilite el acceso real a la justicia, y una articulación interinstitucional más robusta que no dependa del liderazgo local sino que sea sistemática.

Estas medidas buscan asegurar que el compromiso normativo se traduzca en una justicia accesible y oportuna para todos, especialmente en un contexto donde el país podría recibir un mínimo de 405,191 personas y hasta un máximo de 980,555 migrantes en tránsito, según proyecciones de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).