Deportados y sin retorno: el rostro humano de las políticas migratorias

Violeta tiene 34 años, es colombiana y huyó de un hogar donde la violencia doméstica era cotidiana. Llegó a Estados Unidos buscando lo que no podía tener en su país: seguridad, un trabajo, un futuro para su bebé, que nació en territorio estadounidense. Pero un día, mientras manejaba un Uber en Chicago, agentes migratorios la detuvieron. Lo que vino después lo describe con una precisión que estremece: «Me detuvieron de una forma violenta, quitándome mis pertenencias, me separaron por varias horas de mi bebé. Me detuvieron por 7 días, viajé por 3 noches y 3 días y me entregaron a migración de México en Ciudad Juárez y ahí nos volvieron a encerrar por 7 días hasta que nos llevaron a Ciudad de México, sin darnos insumos de higiene». Violeta terminó yéndose a Ecuador. No porque quisiera, sino porque ya no tenía a dónde más ir.

Su historia no es una excepción. Es el patrón.

Un informe titulado El impacto humano y las vidas afectadas por políticas migratorias crueles, publicado en febrero de 2026 por un consorcio de organizaciones de la sociedad civil liderado por el American Friends Service Committee (AFSC), con presencia en México, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, documentó durante tres meses —entre junio y agosto de 2025— los testimonios de 364 personas afectadas por políticas migratorias restrictivas en la región latinoamericana. El resultado es un retrato devastador de lo que ocurre cuando los Estados delegan en otros países las tareas que deberían cumplir dentro de sus propias fronteras: detenciones arbitrarias, deportaciones encadenadas, familias separadas, proyectos de vida destruidos de la noche a la mañana.

A ese mecanismo se le llama externalización migratoria. Y según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, consiste en «formas de cooperación internacional que trasladan la responsabilidad de la gobernanza de la migración de los Estados de destino a otros Estados, aumentando los riesgos de violaciones de derechos humanos de las personas directamente impactadas por estas medidas.»

En la práctica, significa que Estados Unidos firma acuerdos con gobiernos de Centro y Suramérica para que reciban personas deportadas —incluso de otras nacionalidades— mientras desactiva uno a uno los mecanismos que permitían a los migrantes solicitar protección internacional. Al 30 de noviembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó 65.735 personas detenidas, de las cuales el 73,6% no tenía ningún récord criminal.

«Por ser migrante no puede usted hablar porque lo golpean»

Las personas entrevistadas para el informe fueron agrupadas en tres perfiles: quienes fueron detenidas y deportadas por Estados Unidos (46,4%), quienes pasaron por el mismo proceso pero a manos de México (19,8%), y quienes se encuentran en retorno forzado, flujo inverso o estancadas (33,8%). El 55% son hombres, el 44% mujeres y el 1% personas no binarias, con un rango de edad predominante entre los 18 y 35 años. Pero también hay niños, niñas, adolescentes y adultos mayores dependientes de cuidados.

La razón principal por la que estas personas dejaron sus países fue la precariedad económica y laboral —así lo señaló el 53,9% de los entrevistados—, pero detrás de ese dato hay otras capas: amenazas de pandillas o crimen organizado, violencia de género, conflictos políticos, desplazamiento climático.

Lo que encontraron al intentar llegar a un lugar seguro fue, en muchos casos, otro tipo de violencia. José, venezolano de 37 años, estuvo detenido en El Paso, Texas, y luego trasladado esposado a otro centro en McAllen. «El trato, pues mal», dijo. «Por ser migrante no puede usted hablar porque lo golpean. Y la comida pues mal también. Golpearon a un venezolano delante mío tres norteamericanos como de dos metros. Comí y dormí en el piso».

Agustín, mexicano de 40 años deportado por Estados Unidos tras ser trasladado entre varios centros por hacinamiento, lo resume así: «Lo más terrible son los traslados, los traslados son fatales, te encadenan de manos, pies y te ponen una cadena en la cintura, esa es una tortura».

De las 169 personas deportadas por Estados Unidos entrevistadas en el estudio, 38 indicaron que se les negó o limitó el acceso a alimentación, agua e implementos de higiene personal, y 25 dijeron haber estado en cuartos de temperatura extremadamente baja —los llamados «hieleras». El 42% permaneció detenida entre uno y doce meses. Cuatro personas estuvieron privadas de su libertad por más de un año.

Las consecuencias no son solo físicas. El informe documenta ataques de pánico, cambios de estado de ánimo, pérdida del sentido de orientación, tristeza, desesperanza, sentimiento de culpa y miedo como afectaciones recurrentes entre quienes vivieron la detención. La Organización Mundial de la Salud ya había advertido sobre el impacto de la privación prolongada de libertad en la salud mental de las personas migrantes.

Lo que ocurre en México no difiere sustancialmente. De las 72 personas que estuvieron en detención migratoria mexicana, el 29% no fue informada del proceso en que se encontraba, el 13% reportó uso excesivo de la fuerza, y el 10% señaló discriminación, racismo y abusos psicológicos.

Y a veces, la deportación no ocurre solo una vez. El 16% de las personas deportadas por Estados Unidos a México fueron nuevamente deportadas a un tercer país centroamericano, sufriendo nuevas violencias en manos de autoridades mexicanas. Una familia salvadoreña entrevistada en El Salvador relató haber pagado 80.000 pesos a un policía mexicano para cruzar, que los tuvo encerrados en una casa bajo amenazas y agresiones hacia los niños. «Pudimos escapar un día que el policía se fue, pero nos agarró la policía de EE.UU. y nos deportaron a Guatemala. Ahí dijimos que sí éramos de ahí por miedo y no volver a ser deportados. Nos regresamos a El Salvador por los niños, que quedaron traumatizados.»

El informe señala que estas prácticas constituyen tortura, o cuando menos, tratos crueles, inhumanos y degradantes conforme a la Convención Internacional contra la Tortura y otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.

El 57% de las personas entrevistadas había vivido en Estados Unidos durante más de seis años. Un tercio llevaba más de una década allí, con trabajo, familia, raíces. Pedro, guatemalteco, lo dice con una claridad que duele: «No me considero un migrante. Salí de aquí a los 17 años, hace 18 años, tengo esposa ciudadana de EE.UU. y un hijo nacido allá. Me considero otro ciudadano americano más, pero el comportamiento del ICE me hizo cambiar la idea de mejor quedarme en Guatemala».

54 personas declararon que su detención y deportación resultó en una separación familiar directa. Alexander, venezolano que regresaba forzosamente hacia el sur por Costa Rica, describió su estado así: «Tú sabes la tristeza que tengo sin ver a la hija mía que tiene dos añitos, el hijo mío tiene cuatro y todavía no ha ido a la escuela porque no me salió la oportunidad de comprarle unos zapatitos. Vine para conseguir y lo que llevo es desgracia».

El flujo inverso —personas que viajan de norte a sur— fue también documentado extensamente. Yolimar, venezolana de 29 años, regresaba desde Tapachula, México, junto a su mamá, su hermana, su pareja y sus dos hijos. «Llegué con mi mamá y mis dos hijos. Estuvimos unos siete meses allá en México y después, cuando cerraron la frontera, bajó mi hermana de Ciudad de México y empezamos todos a bajar».

Entre los que regresan también hay niños. Omar tiene 9 años, es venezolano, y viaja con su padre de regreso a Colombia. En el trayecto por México se cayó del tren: «Sin querer mi papá me soltó y me caí en las vías bien feo. Me di en la costilla». Luego lo detuvo migración en el monte. Hizo amigos en México, en Guatemala, en Costa Rica. Los fue perdiendo a todos en el camino. En San José tuvo que ir a la escuela: «Era muy bonita, muy grande, muchos amigos buenos, pero algunos eran malos conmigo. Yo le decía a la profe».

El sistema internacional de protección, vigente desde 1951, también está siendo desmantelado pieza a pieza. En diciembre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos suspendió los trámites de asilo para personas de 19 nacionalidades. Los Estatus de Protección Temporal de Nicaragua, Honduras y Haití fueron cancelados. Los programas de reunificación familiar para personas de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, también. El programa CBP One, que permitía a las personas esperar en puertos de entrada para presentar solicitudes de asilo, fue eliminado el 21 de enero de 2025, dejando a cientos de personas sin opciones. Siete de los casos documentados en el informe corresponden a personas que emprendieron el viaje de norte a sur luego de que sus citas de asilo fueran canceladas por esa razón.

En febrero de 2025, doscientas personas de otros continentes —que ni siquiera hablaban español— fueron deportadas desde Estados Unidos hacia Costa Rica. Muchas afirmaron necesitar protección internacional. No se la dieron. Las detuvieron durante 60 días sin justificación. Una familia rusa que viajaba con niños narró haber estado 32 días esposada, sin ver la luz del sol, en un espacio de unos 35 personas, 15 de ellas menores, sin poder bañarse ni lavarse los dientes. «Yo no quería venir y me dijeron que me arrastrarían hasta el avión», contó la madre. «Teníamos mucho miedo».

La Sala Constitucional de Costa Rica les dio parcialmente la razón con un recurso de hábeas corpus en junio de 2025. Sin embargo, al cierre de este informe, esas mismas personas aún no habían recibido asistencia en salud, vivienda ni documentos de identidad válidos. Algunas volvieron a intentar el camino hacia el norte y fueron detenidas nuevamente por autoridades de Estados Unidos.

La necesidad más urgente que expresaron los entrevistados fue, de manera abrumadora, encontrar trabajo. El 82% de los deportados por Estados Unidos, el 67% de los deportados por México y el 53% de quienes estaban en flujo inverso o estancados lo mencionaron como su principal demanda. Detrás, aparecen la ayuda humanitaria, el acompañamiento jurídico, la reunificación familiar y la atención psicológica.

Las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron este informe —y que trabajan cotidianamente con estas poblaciones— enfrentan sus propias restricciones: la cancelación de fondos de cooperación de Estados Unidos ha cerrado o debilitado programas fundamentales de atención a migrantes en toda la región. Documentar estos casos no fue sencillo: las autoridades migratorias de varios países obstaculizaron el acceso a los centros de detención, obligando a los investigadores a buscar a las personas en zonas aledañas a los puntos oficiales de llegada.

El informe concluye con una certeza incómoda: las políticas actuales no son un accidente ni una falla del sistema. Son el sistema. Y mientras no haya una exigencia ciudadana que obligue a los Estados a responder por sus obligaciones internacionales, las Violetas, los Josés, los Omares y las Yesenias seguirán siendo cifras en un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional. Personas con historia, con hijos, con miedo, reducidas a estadísticas de deportación.