Al menos 23 personas presas políticas permanecen en desaparición forzada en Nicaragua, según denunció el Colectivo Nicaragua Nunca Más este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Desde abril de 2018, la desaparición forzada se ha convertido en un mecanismo más de la represión estatal en Nicaragua, que hasta la fecha ha dejado al menos 355 personas asesinadas a balazos por policías, soldados y grupos paraestatales. Las autoridades niegan información, impiden el contacto familiar y legal, y mantienen en secreto las condiciones de detención de cientos de personas.
En ese contexto, el Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa utilizando la desaparición forzada “como un mecanismo de persecución, castigo y control” contra personas opositoras, críticas o percibidas como tales. Según el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, actualmente hay al menos 60 personas presas políticas, de las cuales 23 se encuentran en desaparición forzada.
Ese es el reclamo que sostiene desde hace más de siete meses la familia de Ricardo José Mendoza Yrigoyen, de 64 años, detenido por agentes estatales el 23 de enero de 2026 en su vivienda en Managua. Desde esa noche no ha llegado ninguna información sobre su paradero, pese a las gestiones ante instancias policiales, judiciales y penitenciarias.
Casos que exponen un patrón sostenido
El coronel en retiro Carlos Ramón Brenes Sánchez y su esposa, Salvadora del Socorro Martínez Aburto, fueron detenidos el 14 de agosto de 2025. Aunque en abril de 2026 se conoció que ambos habían sido condenados a 15 años de prisión, su familia no ha logrado verificar directamente su ubicación ni sus condiciones de detención.
A esta lista se suman Víctor Boitano Coleman, detenido desde abril de 2024; Eddie Moisés González Valdivia, herido durante el operativo en el que fue detenido; Douglas Gamaliel Álvarez Morales y Larry Javier Martínez Romero, además de otras personas cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad familiar. Angélica Patricia Chavarría Altamirano, tras permanecer dos años desaparecida, fue mostrada en mayo mediante un video oficialista.
El caso del líder indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan ilustra el desenlace más cruel de esta práctica. Permaneció oculto por más de 970 días y solo fue mostrado públicamente cuando su estado de salud ya era crítico; murió bajo custodia estatal pocos días después. Su muerte confirma que la desaparición prolongada impide conocer a tiempo el deterioro de una persona detenida y activar los mecanismos que podrían salvarle la vida.
El Colectivo exige a la dictadura liberar a todas las personas presas políticas, informar de inmediato el paradero y las condiciones de quienes continúan detenidas, presentar pruebas de vida verificables y permitir el contacto presencial y regular con sus familiares y representantes legales. “Nunca más dictadura, nunca más impunidad, nunca más olvido”, cierra el comunicado.
