Las declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en una entrevista con el canal internacional NTN24, generaron un rechazo inmediato entre la comunidad nicaragüense en el exilio. Al afirmar que Nicaragua tiene “su forma de gobierno que han elegido tener”, la mandataria desató una ola de denuncias de quienes huyeron de la persecución política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las palabras llegaron en un momento especialmente sensible: días antes del 20 de junio, Día Internacional de las Personas Refugiadas, fecha que la comunidad exiliada vive con dolor renovado y que el comentario de Fernández convirtió en un escenario de confrontación política.
Brisa Bucardo, periodista indígena nicaragüense en el exilio, fue directa en su valoración. Para Bucardo, las declaraciones de Fernández invalidan la persecución política que miles de personas han vivido en carne propia: los presos políticos, el destierro, la pérdida forzada de la nacionalidad, el cierre de medios de comunicación independientes. “Es una afirmación que legitima la dictadura”, afirmó.
Bucardo advirtió además sobre la peligrosidad concreta de ese discurso en el contexto costarricense. Costa Rica es el principal país receptor de personas que huyen de la violencia estatal nicaragüense. Al reproducir la narrativa del régimen, señaló, el Estado costarricense traslada la responsabilidad del perpetrador a las víctimas que está obligado a proteger bajo convenios internacionales. También cuestionó si la postura de Fernández responde a intereses económicos, luego de que la mandataria comparara favorablemente la “estabilidad” de Nicaragua frente a Cuba y Venezuela. “¿Será que sus parámetros de dictadura son únicamente medidos bajo la sombrilla de la economía?”, preguntó.
Elison Altamirano, periodista nicaragüense en el exilio, respondió con sarcasmo a la idea de una “elección” libre. “Sí, doña Laura. Nosotros elegimos vivir fuera porque no nos dejan ingresar ni muertos; elegimos que nos quitaran la nacionalidad y nos confiscaran las casas”, afirmó. Recordó que el régimen cuenta con el respaldo del Ejército y la Policía para perseguir a cualquier persona que enarbole una bandera de Nicaragua en una manifestación.
Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, calificó las palabras de Fernández como una ofensa a las víctimas de la represión y recordó que en Nicaragua no existen elecciones libres. Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias y ex presa política, fue enfática: el pueblo nicaragüense no eligió la tortura, el cierre de medios ni el despojo de su nacionalidad. Ambos periodistas se pronunciaron en declaraciones al medio costarricense CR Hoy.
La represión no se detiene en la frontera
El Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) rechazó las declaraciones y advirtió que minimizar la crisis nicaragüense no es neutralidad ni pragmatismo: es una contradicción con los principios de derechos humanos que Costa Rica dice defender. El SJM recordó que el Grupo de Expertos de la ONU ya concluyó que el régimen Ortega-Murillo ha convertido a Nicaragua en un Estado autoritario donde se cometen crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, tortura y persecución política.
La represión, además, opera más allá de las fronteras. La comunidad exiliada citó casos documentados en suelo costarricense: los dos atentados sufridos por el opositor Joao Maldonado y el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido hace casi un año en su propia vivienda.
Para quienes huyeron de Nicaragua, el mensaje de la presidenta Fernández no es un matiz diplomático. Es una señal sobre el valor que el Estado costarricense asigna a su protección.
