Un grupo de trabajo de la ONU concluyó una visita oficial a Guatemala en la que evaluó los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, incluidas aquellas que desaparecieron en el contexto de la migración, y encontró indicios de posibles fosas en instalaciones militares de Petén.
La visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias se centró tanto en los casos del conflicto armado interno como en las desapariciones forzadas en el contexto de la migración, dos problemáticas que en Guatemala comparten instituciones, protocolos y, muchas veces, las mismas familias buscando respuestas.
La cifra que sostiene la migración
En paralelo a la visita de la ONU, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que en lo que va de 2026 ha activado 71 reportes de búsqueda de personas migrantes reportadas como desaparecidas a causa de la migración. La cifra se dio a conocer durante una capacitación interinstitucional enfocada en mejorar la coordinación y la respuesta ante estos casos.
El protocolo que rige estas búsquedas incluye la actuación de los consulados guatemaltecos en el extranjero, que facilitan el intercambio de información con autoridades de otros países y coordinan procesos de repatriación cuando corresponde. El IGM y el Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua) también ofrecen acompañamiento psicosocial a las familias mientras dura la búsqueda.
Lo que encontró la ONU
Durante su recorrido, la delegación de la ONU inspeccionó instalaciones militares en Petén, donde identificó obras civiles en zonas con indicios de restos humanos y exigió detener los trabajos de inmediato para preservar posibles cementerios clandestinos. La experta Aua Baldé señaló que la falta de apoyo y protección estatal ha obligado a muchas familias a asumir directamente las labores de búsqueda e investigación — una carga que, en el caso de las familias de personas migrantes, se suma a la distancia, los costos y la incertidumbre de buscar a alguien que desapareció fuera del país.
El grupo de trabajo también instó al recién nombrado fiscal general, Gabriel García Luna, a priorizar las investigaciones por desapariciones forzadas, un llamado que aplica igual a los casos del conflicto armado que a los vinculados con rutas migratorias.
Mientras la ONU evalúa el andamiaje institucional, las 71 familias que este año reportaron a un migrante como desaparecido siguen esperando una respuesta — la misma pregunta que, desde hace casi tres décadas, persigue también a las familias del conflicto armado: dónde están.
