La movilidad forzada por el corredor del Darién no ha desaparecido, aunque perdió presencia mediática desde 2025. Así lo documenta la primera entrega del informe Entre Fronteras, publicado por un consorcio de organizaciones jesuitas y aliadas.
El reporte advierte que, aunque los tránsitos hacia el norte disminuyeron de forma considerable, las dinámicas migratorias se reconfiguraron: hoy conviven movimientos de retorno, personas en espera, rutas alternas y mayor movilidad circular entre Costa Rica, Panamá y Colombia. Según el documento, “esta reducción no significa que la movilidad haya desaparecido”.
Cerca de 20.000 personas han retornado hacia el sur por el corredor, en su mayoría venezolanas: 55 % hombres, 30 % mujeres y 15 % menores de edad. En Panamá, además, se calcula que 1.150.000 personas migrantes residen actualmente en el país, con más del 60 % trabajando en la informalidad.
Rutas que cambian, riesgos que se mantienen
En Costa Rica, la presencia visible de personas en tránsito bajó desde noviembre de 2025, pero organizaciones en terreno estiman que entre 30 y 50 personas siguen ingresando a diario por Tablillas, principalmente durante la noche, “en horarios sin atención humanitaria disponible”.
En Colombia, la Defensoría del Pueblo registró 37.262 personas en tránsito irregular entre enero y abril de 2026, una reducción del 38,4 % frente al mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, se consolidó una nueva ruta de flujo inverso por el océano Pacífico, además de la ya conocida por el Caribe.
El informe también documenta un endurecimiento de los controles migratorios en Costa Rica y Panamá. La Red Jesuita con Migrantes en las Américas califica estas prácticas como parte de un “entorno torturante”, con impacto directo en el acceso a salud, educación y trabajo.
Frente a este panorama, la infraestructura humanitaria se ha contraído por los recortes de financiamiento y la salida parcial de organizaciones, mientras persisten vacíos de protección para poblaciones especialmente vulnerables: mujeres, niñez, personas LGBTIQ+ y comunidades extracontinentales.
Como concluye el informe, el monitoreo territorial busca “anticipar riesgos, ajustar la respuesta humanitaria, visibilizar vacíos de protección y sostener acciones de incidencia” en una región donde la movilidad forzada, aunque menos visible, sigue siendo urgente.
El documento fue elaborado por la Red Jesuita con Migrantes en las Américas (RJM), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR), Fe y Alegría Panamá, el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS COL), el Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC) y ALBOAN, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.
