Los sismos del 24 de junio, que ya dejan más de 2.595 muertos y miles de desaparecidos, golpean con particular dureza a personas migrantes retornadas y deportadas recientemente al país.
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia el 24 de junio, devastaron el estado La Guaira y Caracas. Una réplica el 26 de junio derribó el puente que conectaba Caraballeda con el resto de La Guaira, complicando aún más las labores de rescate. El régimen venezolano confirmó el 2 de julio al menos 2.595 fallecidos, cifra que organizaciones humanitarias esperan siga en aumento.
Entre las víctimas hay un grupo con una historia particular: 146 personas deportadas desde Estados Unidos en un vuelo procedente de Miami, entre ellas 19 mujeres y 7 niñas y niños, según el registro de ICE Flight Monitor. El grupo llegó la tarde del 24 de junio y fue trasladado al hotel Santuario La Llanada, en Macuto, mientras se completaban sus trámites de repatriación. Horas después, el edificio colapsó con ellas y ellos dentro. Al 30 de junio, solo 12 habían sido reportados con vida.
Familiares de las personas desaparecidas denuncian falta de información oficial sobre sobrevivientes y cuerpos, y algunos sobrevivientes relataron a medios internacionales que el personal de seguridad que resguardaba el hotel no abrió las puertas cuando comenzó el sismo.
MOVIMIENTOS DE POBLACIÓN DENTRO Y FUERA DEL PAÍS
El desastre reconfigura los patrones migratorios en dos direcciones. Por un lado, hay desplazamiento interno: comunidades costeras como Caraballeda y Catia La Mar se vaciaron hacia Caracas, Valencia, Barquisimeto y Mérida, donde las familias se distribuyen entre campamentos, viviendas de parientes y albergues estatales con capacidad limitada.
Por otro lado, organizaciones humanitarias anticipan un repunte de la migración externa, empujada por el colapso de servicios de salud, la escasez de alimentos y los cortes prolongados de electricidad y agua. Colombia continúa siendo el principal país receptor de personas venezolanas en la región, seguido de Perú, Chile, Ecuador y Brasil, dentro del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) 2025-2026, que coordina ACNUR y la OIM junto a 230 socios en 17 países.
Ese plan proyecta asistencia para 2,34 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas con un presupuesto de 763 millones de dólares, una cifra definida antes del terremoto y que no contempla la nueva emergencia. Las cerca de 7,9 millones de personas venezolanas que ya vivían fuera del país, según cifras de la Plataforma R4V, siguen de cerca la tragedia y organizan redes de ayuda desde el exterior.
Por ahora no existe un sistema que permita medir con precisión cuántas personas saldrán de Venezuela como consecuencia directa del terremoto. Lo que sí es claro para las organizaciones humanitarias es que la reconstrucción tomará años, y que buena parte de la respuesta seguirá dependiendo de las redes que la diáspora venezolana ya construyó en sus años de exilio.
