Un operativo migratorio realizado en el centro de San José, dirigido a población en condición de calle, dejó como saldo la detención de una persona de nacionalidad nicaragüense, quien habría sido puesta a disposición de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para determinar su situación migratoria y una eventual deportación, según información difundida públicamente. Su identidad no ha sido confirmada oficialmente.
El caso, sin embargo, no sería un hecho aislado. Fuentes de la Fundación Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS), organización costarricense de derechos humanos con sede en San José, indicaron a EntrePatrias que este tipo de operativos comienza a configurarse como una práctica reiterada hacia la población migrante en el país, más allá de un caso puntual.
En su pronunciamiento público, CENDEROS pidió a las autoridades costarricenses “brinden información oficial y transparente sobre este caso y sobre los procedimientos que se están aplicando”. La organización recordó que “encontrarse en condición de calle no constituye, por sí mismo, una causal de deportación” y que la situación migratoria irregular “tampoco elimina los derechos fundamentales de una persona”.
Para las personas nicaragüenses en particular, CENDEROS señaló que antes de cualquier devolución debe verificarse si la persona es solicitante de refugio, tiene un trámite pendiente o manifiesta temor de regresar a Nicaragua, lo que exigiría una valoración de protección internacional.
Un patrón que preocupa a las organizaciones
La fundación describió la condición de calle como una expresión de vulnerabilidad social que combina pobreza, desempleo, problemas de salud y, en el caso de personas migrantes, desplazamiento forzado y falta de redes de apoyo — factores que exigen respuestas sociales y sanitarias, no criminalización.
Entre sus peticiones, CENDEROS pidió realizar valoraciones individuales antes de cualquier decisión de deportación y evitar que la nacionalidad, la pobreza o la apariencia se conviertan en criterios de intervención. También llamó a medios y ciudadanía “a evitar discursos que vinculen automáticamente migración, irregularidad migratoria, pobreza o condición de calle con criminalidad”.
