El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó un cambio en el procesamiento de solicitudes de asilo con el objetivo declarado de reducir la acumulación de casos pendientes, que según la agencia supera 1.4 millones de expedientes afirmativos. La medida se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde 2025 para endurecer el sistema de protección humanitaria en el país.
Actualmente, USCIS resuelve las solicitudes de asilo “afirmativas” (de personas que no están en proceso de deportación), mientras que los jueces de inmigración deciden las solicitudes “defensivas” (de quienes ya enfrentan un proceso). Con la nueva disposición, los oficiales de asilo podrán remitir directamente los casos a los tribunales migratorios, sin pasar por el circuito administrativo habitual.
El DHS sostiene que la reforma busca acelerar los tiempos de resolución tanto para conceder el asilo como para negarlo. El objetivo declarado es reducir el tiempo total que tardan los oficiales de asilo y los jueces de inmigración en resolver las solicitudes. El director de USCIS, Joseph Edlow, justificó la medida al señalar que el sistema de asilo se ha utilizado indebidamente para dilatar el proceso y obtener permisos de trabajo.
Por su parte, el asesor jurídico del DHS, James Percival, atribuyó los retrasos a la dilación intencional por parte de los inmigrantes indocumentados y los abogados que los representan.
Riesgos y su impacto en Centroamérica
Organizaciones y medios especializados advierten que la remisión directa a jueces migratorios incrementa el riesgo de deportaciones aceleradas para quienes no cumplan con los criterios establecidos. Esta reforma se suma a una propuesta previa, revelada por CBS News, que permitiría a USCIS rechazar solicitudes sin necesidad de una entrevista, cuando se determine que fueron presentadas fuera del plazo de un año desde el ingreso al país, derivando esos casos directamente a los tribunales de deportación. Además, desde el 29 de mayo de 2026 rige una tarifa anual de asilo (AAF) de 102 dólares para quienes tengan una solicitud pendiente por más de un año; el impago dentro de 30 días desde la notificación provoca el rechazo automático del Formulario I-589 y la pérdida inmediata de cualquier permiso de trabajo asociado.
Este endurecimiento se combina con un panorama ya adverso para la región:
- Guatemala y Nicaragua figuran entre los países cuyos nacionales han sido objeto de “reexamen” de solicitudes migratorias bajo las prohibiciones de viaje decretadas en 2025, lo que ha generado procesamiento diferenciado y mayores demoras.
- Honduras y Nicaragua están entre los países para los que el gobierno busca poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), una vía que hasta ahora “detenía el reloj” del plazo de un año para solicitar asilo.
- El Salvador, Guatemala y Honduras vieron suspendido el Programa de Libertad Condicional de Reunificación Familiar (FRP), una de las vías legales que había ofrecido una alternativa a la solicitud de asilo tradicional para estos tres países.
- La Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA), que desde los años noventa ofrecía una vía de regularización a solicitantes de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, continúa vigente pero bajo un sistema de asilo cada vez más restrictivo, lo que reduce en la práctica el margen de maniobra para nuevos casos.
En conjunto, estos elementos —remisión acelerada a jueces, posible eliminación de entrevistas, nuevas tarifas y fin de TPS/FRP para varios países del istmo— configuran un escenario de mayor vulnerabilidad jurídica para los solicitantes centroamericanos, en particular para quienes huyen de contextos de represión política, como el caso de Nicaragua, o de violencia e inestabilidad institucional en el Corredor Seco y el Triángulo Norte.
Qué sigue?
La propuesta de remisión directa a jueces migratorios debe pasar por el proceso formal de comentario público antes de entrar en vigor, por lo que aún no es una norma definitiva. Organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores han anticipado que impugnarán judicialmente varios de estos cambios, como ya ocurrió con la pausa de decisiones aplicada a solicitantes de 40 países, suspendida por un tribunal federal en junio de 2026, aunque el gobierno apeló esa decisión.
