Mujeres defensoras de derechos humanos y ex presas políticas de Nicaragua narraron ante un espacio público las secuelas físicas y emocionales de la represión estatal que enfrentaron a partir de las protestas de abril de 2018.
Ana Quirós, defensora de derechos humanos, relató que fue agredida durante una manifestación cuando intentaba proteger a otra joven de la violencia policial. “Sentimos el vergazo”, contó sobre el golpe que recibió ese día. A partir de ahí comenzó una vigilancia constante hacia ella, su familia y hasta el colegio de su hijo adolescente, mientras conocidos afines al régimen le advertían, de forma discreta, que algo podía pasarle a su familia si no bajaba el perfil.
Meses después fue notificada para presentarse ante migración y terminó expulsada del país, a pesar de ser nicaragüense. Días después recibió, según describió, el golpe más duro: la cancelación de la personería jurídica CISAS la organización de derechos humanos que había ayudado a fundar y a la que había aportado su trabajo durante más de 35 años.
Evelyn Pinto, también ex presa política, describió cómo el maltrato en el sistema penitenciario no dejó marcas visibles pero sí un daño profundo. Contó que fue obligada a desnudarse y fotografiarse en condiciones humillantes antes de comparecer ante un juez, y que pasó seis meses aislada en un pabellón de máxima seguridad bajo la justificación oficial de “protegerla” de otras reclusas. Denunció que, pese a que las autoridades conocían su enfermedad renal, le negaron atención médica especializada: salió del penal con la afección mucho más avanzada que cuando ingresó. “Uno tiene en su imaginario que la tortura es la que provoca dolor físico”, dijo, al señalar que el daño psicológico que enfrentó fue igual o más profundo.
Los testimonios coinciden con los métodos documentados por el Índice Global de Tortura 2026
Claudia Pineda, directora de AMJ e integrante de la red SOS-Tortura, presentó los hallazgos del Índice Global de Tortura 2026, elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que clasificó a Nicaragua en la categoría de riesgo “muy alto” —junto a países como Rusia, Irán y Afganistán— por un patrón sistemático de violaciones documentado desde 2018.
Los relatos de Ana y Evelyn coinciden directamente con los métodos que el índice atribuye a los centros de detención nicaragüenses. El informe describe que en El Chipote se aplican sistemáticamente técnicas de tortura sensorial —aislamiento total, luces permanentemente encendidas o apagadas para desorientar a los detenidos, acceso a la luz solar de solo 10 a 15 minutos por semana, prohibición de hablar, leer o escribir— además de escaso o nulo acceso a atención médica. También documenta aislamiento prolongado, falta deliberada de atención médica y amenazas a familiares como parte del patrón de represión, exactamente los elementos que ambas mujeres describieron sobre su propia experiencia.
El informe identifica además la desaparición forzada como la forma más extrema de este patrón: personas presas políticas permanecen meses o años incomunicadas, sin acceso a abogados ni información para sus familias, un tipo de tortura que se extiende a quienes esperan noticias afuera. Según el índice, al menos 46 personas presas políticas permanecían detenidas hasta mayo de 2026, y al menos ocho han muerto bajo custodia estatal desde 2019. Uno de los casos documentados es el del líder indígena Brooklyn Rivera, fallecido tras 971 días de desaparición por ocultamiento de su paradero.
Impunidad absoluta y represión sin fronteras
Salvador Marenco, coordinador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó que la tortura constituye un crimen de lesa humanidad que podría ser juzgado fuera de Nicaragua, dado que en el país no existe voluntad de investigar a los responsables. Su organización ha documentado la participación de al menos 150 agentes estatales y parapoliciales en detenciones arbitrarias entre 2018 y 2023, así como la existencia de al menos ocho centros clandestinos de detención utilizados en los primeros meses de la represión, distribuidos en al menos siete municipios del país.
Según explicó, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas identificó en 2025 a 54 funcionarios como presuntos responsables de estos crímenes. Ninguno ha sido investigado. Nicaragua rechazó en 2022 el examen del Comité contra la Tortura y no ha implementado ninguna de sus recomendaciones, mientras la reforma constitucional de 2025 eliminó la prohibición expresa de la tortura que existía en el artículo 36 de la Constitución.
Salvador también advirtió que la represión no se detiene en las fronteras: la vigilancia y el hostigamiento se extienden a personas exiliadas, como una forma de infundir temor tanto dentro como fuera del país. Añadió que miles de personas deben reportarse diariamente ante la policía como parte del control estatal sobre quienes fueron identificados como opositores.
El aislamiento internacional del régimen se ha profundizado en paralelo: varios países de la región han roto o anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua, mientras la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo estrecha vínculos con Rusia y Bielorrusia. En el plano interno, más de 5,600 organizaciones civiles han sido canceladas y cientos de personas han sido despojadas de su nacionalidad desde 2018.
