Durante años, Costa Rica fue territorio de paso para quienes buscaban llegar a Estados Unidos. Entre 2021 y 2023 cruzaron por el país más de un millón de personas procedentes del Darién, según Christopher Pérez, responsable técnico de proyectos del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM). Hoy el escenario es distinto: una cantidad importante de personas regresa a sus países de origen o a terceros países.
Los cambios los observa el SJM en sus oficinas de las fronteras norte y sur, y los expuso en el programa radial Casa Abierta. Pérez los vincula con el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos.
«La migración es cambiante», resumió Pérez. En la frontera sur, en Paso Canoas, la organización vio pasar de cientos de personas diarias en las calles a traslados controlados en autobús y, desde 2025, a un cambio hacia flujos de retorno forzado desde el norte. El psicólogo Delvin Sevilla, quien trabaja en esa zona, indicó que el volumen de personas es menor que en años anteriores, pero que persiste la necesidad de atención básica, sobre todo en familias con niños.
«Muchas personas en retorno transitan durante la noche», agregó.
En la frontera norte, en Los Chiles, el cambio también se nota. La abogada Dayana Ávila, asesora jurídica del SJM, explicó que el tránsito visible disminuyó en el centro del pueblo, pero advirtió que eso no equivale a que la migración haya terminado.
«Una menor presencia no significa la desaparición de la migración ni de la necesidad de protección internacional», afirmó.
Quienes se quedan
Costa Rica sigue siendo país receptor de personas con necesidad de protección internacional. Tras el estallido social de 2018 en Nicaragua, aumentaron la persecución política y la salida de personas hacia el país en busca de refugio. En Los Chiles, Upala y La Cruz, el SJM acompaña desde hace más de seis años a personas migrantes, solicitantes de refugio y personas en riesgo de apatridia.
Para quienes permanecen, el principal obstáculo es la espera. Las citas para solicitar refugio se asignan hasta 2029 en el norte, según Ávila. En el sur se otorgan a dos o tres años plazo, de acuerdo con Sevilla, lo que complica el acceso a empleo, salud y vivienda. En Paso Canoas, el SJM atiende a entre 40 y 50 personas en estancia, mayormente venezolanas, es decir, personas que llevan meses o años en su proceso de regularización.
Mientras el perfil de la población cambia, la capacidad de respuesta se reduce. Pérez indicó que desde 2025 se observan recortes de ayuda humanitaria y la salida de organizaciones. En Los Chiles solo permanecen tres, y no hay albergue para alojar a las familias que ingresan, señaló Ávila.
Ante este panorama, el SJM sostiene que la atención no puede depender de cuánto se vea la migración en las calles. «Detrás de cada caso hay una historia de vida que requiere ser escuchada», dijo Ávila.
