Un informe de la FLED documenta cómo la falta de resolución migratoria, las deportaciones desde Estados Unidos y la vigilancia transnacional dejan a comunicadores exiliados atrapados entre dos peligros.
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) presentó su segundo informe trimestral de 2026, correspondiente a abril-junio, en el que documenta 24 agresiones contra la prensa independiente nicaragüense. Entre los hallazgos, la organización profundiza en un patrón que golpea directamente a la diáspora periodística: la precariedad del exilio está empujando a comunicadores a exponerse de nuevo al riesgo que los hizo salir del país.
Durante el trimestre, dos periodistas más se vieron obligados a salir de Nicaragua ante el acoso policial, con lo que la cifra de trabajadores de medios forzados al exilio desde 2018 llega a 310. Pero salir no significa estar a salvo. En Costa Rica, doce periodistas consultados para el informe permanecen a la espera de una resolución sobre su solicitud de refugio. Esa condición migratoria pendiente les impide acceder a contratos laborales o inscripción en la seguridad social, requisitos que los arrendadores exigen para alquilar vivienda, incluso cuando el cambio de domicilio responde a recomendaciones de seguridad de las propias autoridades costarricenses.
“Fue una odisea, porque pedían demasiados requisitos y más aún, debido a las medidas de seguridad que debo tener en cuenta en la propiedad que rente”, relató uno de los periodistas consultados, quien debió visitar más de diez propiedades antes de encontrar una opción viable.
Vigilancia transnacional y salidas de emergencia
FLED documentó que al menos siete periodistas en Costa Rica fueron víctimas de vigilancia, seguimientos cerca de sus viviendas, amenazas en redes y llamadas de números desconocidos. Uno de los casos más graves derivó, en junio, en la salida de emergencia de un periodista del país. “Me dolió mucho que, con tanta rapidez, regalé o boté años de la vida que había construido en Costa Rica”, relató. Tras la salida, dijo, enfrentó nuevas limitaciones para seguir ejerciendo: “Al final, ganaron mis perseguidores: me callaron allá y me quieren callar aquí”.
La organización recordó que la cercanía geográfica entre ambos países, sumada a antecedentes como el asesinato del opositor Roberto Sancam, exige que Costa Rica adopte protocolos diferenciados frente a la represión transnacional, sin que eso implique silenciar o inmovilizar a quienes continúan informando desde el exilio.
Deportados desde EE.UU., devueltos al peligro
El informe también documenta un riesgo emergente: periodistas nicaragüenses deportados desde Estados Unidos tras el rechazo de sus solicitudes de asilo. Al menos dos fueron trasladados a Costa Rica bajo mecanismos de recepción de personas deportadas desde terceros países, mientras buscaban alternativas de protección. Otro caso documentado por FLED es el de un periodista que, tras ser deportado, regresó a Nicaragua por un paso no habilitado y permanece oculto por temor a ser identificado por la policía.
FLED advierte que estas deportaciones agravan el riesgo inicial que motivó la salida: cuando no se valoran los antecedentes de persecución ni el contexto de criminalización del periodismo en Nicaragua, las personas quedan atrapadas entre la falta de protección afuera y el peligro de volver a un país donde ejercer el periodismo es tratado como delito.
El mismo patrón se repite entre quienes intentan visitar a su familia por vías oficiales: el informe recoge el caso de un periodista al que las autoridades migratorias nicaragüenses le negaron el ingreso al país, lo que le costó su empleo, y que meses después entró por un paso no habilitado para reencontrarse brevemente con los suyos, “con extrema discreción por temor a ser detectado”.
