El periodismo en Centroamérica atraviesa uno de sus momentos más críticos. El Informe Sombra 2025, elaborado por la Red Voces del Sur con datos de 17 organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, sitúa a cuatro países de la región entre los casos más graves del continente. Los patrones documentados combinan asesinatos, exilio masivo, hostigamiento digital, judicialización abusiva y la expansión sistemática de territorios donde el periodismo independiente ha dejado de existir.
En El Salvador, el 64,5% de las 205 alertas registradas ocurrieron en entornos digitales, la proporción más alta de toda la región. Un hallazgo del estudio es que el vaciamiento progresivo de la prensa independiente desplazó las agresiones hacia ese espacio, que se convirtió en “el único territorio de denuncia, aunque también en el más vigilado”. El punto más extremo del año fue el asesinato de Javier Salinas, del medio A Todo Noticias, ejecutado por sicarios en Honduras pese a contar con medidas de protección desde 2023.
El informe destaca además el desplazamiento forzado de siete integrantes del medio El Faro, quienes abandonaron el país de urgencia tras recibir alertas sobre posibles órdenes de captura. A esto se suma la consolidación de lo que la Asociación de Periodistas de El Salvador describe como un entramado de “satélites digitales” — youtubers e influencers alineados al discurso oficial — responsables del 31,7% de las alertas, que amplifican y coordinan ataques sistemáticos contra la prensa. El informe registró también seis casos de violencia sexual contra periodistas, señalado como “el hallazgo más alarmante del monitoreo”.
Honduras registró 77 alertas y 118 víctimas en un año marcado por el ciclo electoral. Los actores estatales protagonizaron el 65,2% de las agresiones y el discurso estigmatizante escaló del 7,3% al 30,6% del total de alertas. El informe destaca que el jefe de las Fuerzas Armadas colocó pancartas en distintos puntos de Tegucigalpa señalando a periodistas como “sicarios de la verdad”. Dos comunicadores fueron asesinados: Carlos Gilberto Aguirre y Javier Hércules, este último ejecutado pese a contar con protección oficial. El Comité por la Libre Expresión afirma que estos crímenes “son parte de un patrón estructural de impunidad” en el que alrededor del 90% de los asesinatos de periodistas en el país permanecen sin resolución judicial. Las alertas de violencia basada en sexo se cuadruplicaron respecto a 2024, incluyendo amenazas directas durante coberturas en terreno e intentos de incendio contra la vivienda de una comunicadora.
En Guatemala, tres periodistas fueron asesinados — Cristian Martínez, Ismael Alonzo y Jorge Zapeta — y el periodista Milton Polanco permanece desaparecido. El Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social señala que “la inacción del sistema de justicia frente a estos crímenes refuerza la impunidad estructural, un factor que perpetúa el riesgo de muerte y anula las garantías mínimas para el ejercicio del periodismo”. Los actores estatales perpetraron el 43,2% de las alertas, con participación directa del Ministerio Público, el Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil. Un hallazgo relevante es que la crisis financiera extinguió casi la totalidad de los medios impresos durante el año, forzando su migración digital y elevando, según el informe, “la exposición a riesgos de seguridad y vigilancia digital”.
Nicaragua representa el caso más extremo de la región. La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) registró 63 alertas y 110 víctimas, un incremento del 35,8% en el número de personas afectadas, en un país que el informe describe como una “zona de silencio donde el periodismo independiente prácticamente ha desaparecido”. Con la pérdida de cobertura en Chinandega, se elevaron a 11 los departamentos sin prensa plural, dejando al 65% del territorio nacional “al control exclusivo de la narrativa oficialista”. El exilio acumula 309 periodistas desplazados desde 2018, con 26 nuevos casos documentados en 2025. El informe advierte que leyes recientes — como la Ley de Telecomunicaciones Convergentes y la Ley de Ciberdelitos — configuran “un sistema de vigilancia que puede criminalizar la crítica y la interacción ciudadana en entornos digitales”.
El contexto regional que enmarca estos hallazgos
La situación centroamericana se inscribe en un deterioro generalizado de la libertad de prensa en América Latina. La Red VDS documentó 2.484 alertas en 17 países durante 2025, que afectaron a 3.230 personas. Un hallazgo central del estudio es que la cifra total de alertas descendió respecto a 2024, pero esto “no representa una mejora, sino una reconfiguración de la violencia hacia mecanismos menos visibles”. La violencia letal cobró la vida de 23 periodistas, nueve más que en 2024, y la mayoría habían denunciado amenazas previas o contaban con medidas de protección que resultaron ineficaces.
Los actores estatales fueron responsables del 50,5% de todas las agresiones, consolidando al Estado como el principal agresor del periodismo en la región. El informe destaca que en democracias formales esta violencia adoptó “formas más sofisticadas de intimidación y desacreditación pública”, mientras que en contextos autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela se expresó mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y censura sistemática. El discurso estigmatizante acumuló 547 alertas y el hostigamiento judicial escaló de forma sostenida, con México reportando un aumento del 200% respecto al año anterior.
El informe concluye que la violencia contra la prensa en la región “no disminuye: se transforma y se sofistica”, profundizando la autocensura, expandiendo las zonas de silencio y debilitando el derecho ciudadano a estar informado.
